La Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB) requiere, antes de octubre, de lograr una fórmula para aprobar un rescate por más de US$660 millones.
El monto total se cubriría con el aporte del Poder Ejecutivo como garante, otra parte a partir de aportes de los trabajadores y pasivos, y otra parte con recursos de las instituciones financieras, explicaron a Montevideo Portal fuentes al tanto de la negociación.
El rescate deberá ser aprobado por Ley antes de fines de octubre. La idea del Poder Ejecutivo es lograr presentar el proyecto de Ley ante el Parlamento a mediados de julio, dijeron a Montevideo Portal fuentes del gobierno.
En medio de la negociación, el sindicato de bancarios (AEBU) dispuso el inicio de una ronda de paros, que comenzarán este martes con cierre de cajas a partir de las 15.30 horas en Bandes Casa Central, Banco Nación, República Afisa, Nixus Ciudad Vieja, Indumex Casa Central. También en las sucursales del Banco República de Punta de Rieles, Piedras Blancas, Paso de la Arena, Cerro, Paso Molino y Colón, así como en todas las empresas del sistema financiero en Colonia, San José, y Maldonado.
Desde el Poder Ejecutivo entienden que estos paros no implican una traba de las negociaciones, sino que son parte de un asunto que es complejo y tiene consecuencias que se asumen como negativas por parte del sindicato, dijeron las fuentes. Por tanto, en el gobierno esperan alcanzar un acuerdo.
La fórmula y la negociación
El Poder Ejecutivo negocia con el sindicato y los bancos una fórmula que toca distintas aristas.
Por un lado habrá un aparte económico que realizará el Estado.
Una de las ideas sobre la mesa es incluir un bono de la CJPB con garantía estatal, informó el semanario Búsqueda la semana pasada. Las fuentes consultadas por Montevideo Portal dijeron que el mecanismo del aporte del Poder Ejecutivo todavía no está definido. Otra posibilidad es definir algún tipo de préstamo a la caja, que debería ser pagado una vez que logre la sostenibilidad de sus finanzas.
Por el lado de los aportes de trabajadores está sobre la mesa el aumento de la edad de retiro de 60 a 65 años, algo ya aplicado a nivel de la reforma general de la seguridad social. Pero además de esos años de más en actividad, y de una transición más rápida que el régimen general, para cubrir el monto requerido se requeriría de cambios en las tasas de remplazo, además de un posible nuevo impuesto a los pasivos jubilados después de 2008.
La negociación tiene lugar en un grupo que se reúne todas las semanas. La comisión está integrada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Asociación de Bancos Privados (ABPU) y la Asociación de Empleados Bancarios (AEBU).
Consultado por Montevideo Portal, el presidente de AEBU, Elbio Monegal, dijo que la negociación viene “muy trancada”. Aunque asumió que existe un diálogo fluido, el sindicalista señaló que de momento no hay avances concretos. Sin embargo, asumió que la solución implicará aportes de todas las partes.
“Estamos jugando una carrera contra reloj porque las reservas se van agotando”, dijo Monegal.
La directora ejecutiva de la ABPU, Bárbara Mainzer, dijo este martes en Primera Mañana de El Espectador que “se va a encontrar una solución” entre activos, pasivos y las empresas. “Los bancos vamos a aportar”, afirmó. De todos modos, dijo que “no es fácil” de encontrar la solución, y que desde el punto de vista de las empresas, por lo cuantioso del déficit, no alcanza con el aumento de la Partida Complementaria Patronal (PCP), como plantea el sindicato.
Sobre el aumento de la edad de retiro, la representante de la gremial admitió que está sobre la mesa una transición más rápida para el aumento de la edad de retiro, pero no dio detalles sobre plazos.
Mainzer también dijo que el déficit previsto para los próximos 10 años es de unos US$ 660 millones.
Cada vez menos reservas
La Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias tenía a fines de marzo 19.616 pasivos y 18.159 activos. De acuerdo con el reporte ejecutivo de la institución, las reservas a fines de ese mes eran de $2.019 millones. A fines de 2022 las reservas eran $2.428 millones y en diciembre de 2021 unos $4.765 millones.
Según informó El País la semana pasada, la previsión es de un agotamiento de las reservas para el inicio del primer trimestre, cuando antes de consideraba a noviembre como el plazo. Ante esto, el directorio de la caja pidió a las instituciones aportantes un adelantamiento de la fecha para el pago.
La estimación es que el déficit de la caja durará al menos 10 años. La situación más crítica de cara a los próximos años es debido a que los pasivos seguirán siendo más que lo activos, por el retiro de los trabajadores que ingresaron en la década de 1980, indicaron fuentes del sector financiero. De todos modos, en la bancada oficialista estos cálculos generan dudas, en el supuesto que las condiciones de una caja con jubilaciones más altas al promedio del sistema previsional generará más adelante un déficit por más años.
El sindicato y la Asociación de Bancos privados quedaron este lunes enfrentados sobre posibles fórmulas de salida para lograr liquidez para el corto plazo.
AEBU planteó que la Partida Complementaria Patronal de las empresas sea de 4% por 10.000 del activo registrado contablemente, mientras que desde 2008 lo que aportan los bancos es 2,5%. Las instituciones privadas rechazan esto.
“La PCP grava los créditos que pagan los uruguayos cuando toman un crédito al consumo o un crédito hipotecario, y el empresario cuando va a invertir y generar empleo. Aumentar la PCP derivaría en un incremento del costo del crédito a la población, algo que sería injusto, además de inconveniente para la economía del país”, señaló el gremio.
La ABPU también señaló que los bancos realizan aportes patronales del 25,25%, cuando en el régimen general dichos aportes son del 7,5% del salario nominal de cada trabajador. A eso se le debe sumar la PCP, que la gremial estimó en un monto similar al otro aporte.