El directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) le presentó a mediados de febrero al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, las medidas que considera necesarias para abatir el déficit que tiene esa caja, que se encuentra en una situación crítica.

En algunos casos se trata de iniciativas a corto plazo y en otras de medidas estructurales pensando en el largo plazo.

Según informó Búsqueda, la Cjppu estima que en 2022 el déficit será de US$ 55 millones y de más de US$ 100 millones a partir de 2026.

En diálogo con Montevideo Portal, la presidenta de la Cjppu, Virginia Romero, que asumió el cargo en diciembre del año pasado, explicó que se presentaron al Poder Ejecutivo una batería de medidas y que habrá que esperar cuáles son aprobadas por el Ministerio de Economía y Finanzas para avanzar.

Romero dijo que hay dos componentes a considerar, las medidas que el directorio tiene potestad para tomar de forma inmediata y las que requieren de aprobación parlamentaria.

“Hay medidas que el directorio ya resolvió. Hay una resolución del directorio del año 2016 que otorgaba beneficios extras a los pasivos que ya se decidió eliminar”, explicó Romero.

La contadora pública dijo que también se revocaran aumentos adicionales que fueron prorrogados por el anterior directorio hasta el 31 de diciembre de 2022, que también se resolvió no se van a renovar a partir del 1° de enero del próximo año.

Estos incrementos adicionales representan pasividades para algunos profesionales entre 2,5% y 3% superiores a lo que correspondería por ley.

Además del incremento en la tasa de aportación de los activos, que se pretende llevar de 16,5% a 18% (requiere de aprobación parlamentaria), otra de las medidas que presentó el directorio al ministro de Trabajo, y de las que más críticas ha generado, fue la de cobrar $ 4 mil de forma anual a los profesionales que declaren el no ejercicio libre de su profesión.

Romero explicó que, en el caso del aumento del aporte personal, un punto porcentual será de forma permanente y el otro medio punto transitorio hasta que la situación de la Caja mejore y pueda salir de “la situación en la que está”.

Sobre el aporte de los egresados que declaran no ejercer su profesión, Romero dijo que se necesitaría una ley con el objetivo de obligar a ratificar cada “uno o dos años” la declaración de no ejercicio.

Desde el directorio además se propuso una “contribución de los pasivos”, que “sería creciente a medida que aumentan los montos jubilatorios” que en promedio sería de 6,5% o 7%, apuntó Romero, que agregó que ese tipo de aportes ya lo tienen otras cajas paraestatales como la notarial y la bancaria.

Entre las medidas a tomar que presentó el directorio, se propuso también el aumento de tres ítems de timbres profesionales, en particular una suba de entre 1% y 2% en los de mayor recaudación.

A su vez, otra de las iniciativas que plantearon desde el directorio, pero que entienden es muy difícil el Poder Ejecutivo la acepte, es la de pedir que el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) que pagan los pasivos profesionales, en lugar de ir al Banco de Previsión Social, esos fondos vayan a la Caja de Profesionales.