Fotos: Javier Noceti / @javier.noceti

Virginia Cáceres (40) pasó de ser una abogada de familia, militante del Partido Colorado y panelista de Esta boca es mía a ser la presidenta de la Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP). Cáceres ya estaba en el organismo como secretaria general de la ANEP, un cargo que ella misma compara con el de un gerente general o CEO de una empresa. Ya en ese cargo, trabajaba 14 horas por día, asegura. Y hoy, como titular del Codicen, su jornada laboral incluso se amplió, considerando las entrevistas que debe conceder para explicar cómo avanza la transformación educativa.

He ahí su desvelo: lo que el gobierno llama “transformación educativa” es una reforma educativa ambiciosa que comenzó a implementarse bajo la égida de Robert Silva, pero a la que aún le faltan unas cuantas etapas. Ese es el objetivo de Cáceres. Eso y “mejorar la gestión”. Pero, además, tiene cifradas esperanzas en aplicar un Plan de Convivencia que ayude a reducir la violencia en los centros educativos y a actualizar un protocolo con el que las docentes víctimas de acoso sexual puedan sentirse más respaldadas por el sistema.

Cáceres, abogada de familia y especializada en género y políticas públicas, es una ferviente creyente en el Estado (en definitiva, se siente batllista, aunque esté inhibida de hacer consideraciones políticas mientras esté en el cargo). Es feminista y, como tal, se propuso acortar la brecha que separa a las mujeres de grandes oportunidades en ciencias, matemáticas y tecnología. La polémica que se instaló cuando su nombramiento al frente del Codicen, dice, debe servir para que de ahora en más los nombres de mujeres estén más presentes a la hora de escoger a quien lidere las políticas educativas de este país.

“Bien dicen que el feminismo son unos lentes con los cuales ves la realidad distinta. Todos los días te tenés que interpelar, porque me considero feminista y formada en el tema, y todos los días me interpelo en decisiones cotidianas”

De chiquita, ¿quería ser abogada?

Sí, siempre quise serlo. Absolutamente, siempre.

¿Fue a una escuela pública?

Sí, yo nací en Rivera y nos vinimos para acá. Empecé a la escuela en Montevideo, iba a la escuela Chile, que está en la rambla Sur. Ahí hice 1° y 2°, después nos volvimos para Rivera, allá fui a la escuela 1, después pasé al Liceo Pomoli, 1° y 2°. Para tercero, ya nos vinimos para Montevideo, hice un año en el 32 y después me fui al IAVA, donde terminé el Bachillerato. 

Es abogada especializada en género. ¿En qué consiste esta especialización?

Recientemente terminé una maestría en Políticas Públicas, tengo que entregar la tesis. Después que vos te recibís de abogado, no está la posibilidad de que vos hagas formalmente especialidades que formen parte de la profesión. Vos te vas formando y especializando en las áreas que a vos te gusten, en distintas cosas. Yo me fui especializando primero en el área de derecho de Familia, y luego en Género. Ahí hice una diplomatura en Flacso, en Género y Políticas de Igualdad. Eso es lo más formal que hice. La maestría fue en la Universidad Austral, en Políticas Públicas.

¿En qué momento advirtió que se sentía feminista?

Es una construcción que se va haciendo, a lo largo del tiempo. Fue ya en facultad, cuando empecé a tener más actividades y ampliar los espacios en los que estaba. No hubo un día en el que yo dijera: “A partir de hoy, me siento feminista”. Me fue pasando como abogada, y a medida que me fui especializando en el área de género, empezó a despertar mi interés y empecé a mirar las cosas desde un lugar distinto. Me empecé a formar y después que empezás a meterte en el tema, es muy difícil volver atrás. Bien dicen que el feminismo son unos lentes con los cuales ves la realidad distinta. Llegás a un estado permanente, porque está tan incorporado en la cultura, que es una lucha constante. Todos los días te tenés que interpelar, porque incluso yo, que me considero feminista y que estoy formada en el tema, todos los días me interpelo en decisiones cotidianas. Es una construcción de todos los días.

Antes de asumir la presidencia de ANEP era la secretaria general del organismo. ¿Cuáles eran sus tareas y su cometido?

Técnicamente, es quien da el soporte jurídico y administrativo. En los hechos, el secretario general es mucho más que eso. El secretario general es el que articula, es como la columna vertebral de todo el organismo, sobre todo y especialmente en esta administración, en donde ustedes habrán escuchado hablar de “la clave ANEP”, y donde los subsistemas pasaron a integrar el Codicen; ahí la articulación del secretario general con todos los subsistemas es fundamental. O sea que el trabajo es jurídico, es administrativo, es de gestión y también tiene un componente educativo, porque si vos no te metés en los temas educativos (yo estuve dentro de la implementación y los procesos de construcción), es muy difícil que vos después puedas llevar adelante la otra parte de la tarea. Entonces, es como un gerente general, como el CEO de una empresa, que tiene que transversalizar todas las decisiones que se toman en este organismo, tanto las decisiones jurídicas como la de política educativa.

Desde el Frente Amplio (FA) se cuestionó su nombramiento, por carecer de experiencia en el sistema educativo. En rigor, si uno repasa su CV puede ver que fue funcionaria de la Corte Electoral por cinco años, fue abogada en la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) y ejerció la abogacía de forma independiente en temas de familia o de violencia basada en género. Efectivamente, no tiene experiencia docente. ¿Por qué entiende que la negativa del FA a la venia no es válida?

Te faltó una parte del currículum: soy aspirante a docente en la Universidad de la República (Udelar) en dos cátedras y, además, integré el Grupo de Derecho y Género en la facultad, que es un grupo de carácter académico y de investigación. Además fui docente del Claeh, junto con Inmujeres. La LUC modificó la Ley General de Educación y sacó un elemento objetivo de la ley: los 10 años de trayectoria educativa, porque nunca se pidió estrictamente el ejercicio de la docencia de aula. El Poder Ejecutivo, cuando elevó mi venia y me propuso, entendió que esos aspectos en mi CV, sumado a estos cuatro años en el ejercicio de la secretaría general del Codicen, eran suficientes como para postularme, dado que yo cumplía con el requisito de la trayectoria en el ámbito educativo.

Desde el Partido Colorado se ha señalado que la oposición frentista a su venia respondía a un prejuicio de género. Incluso, Robert Silva ironizó con un mensaje en redes señalando que había roto otro techo de cristal. Pero el senador Sebastián Sabini —de profesión docente— ha negado que sea cuestión de género, sino que tú no tenías trayectoria en la educación...

Durante todo el proceso de la venia, yo me mantuve en silencio absoluto. No hablé en ningún medio. Lo único que hice fue acudir al Parlamento, cuando se me convocó a comisión, y ahí hacer mi exposición. El día que tomé posesión en el cargo aludí a un problema que excede mi designación, y que tiene que ver con un problema estructural que tenemos en Uruguay. La ANEP es un organismo que está absolutamente feminizado, su plantilla está inmensamente colmada por mujeres. Inclusive, las que llegan a los cargos más altos dentro de la carrera funcional son mujeres. Sin embargo, en los cargos que son de designación directa —por parte del Poder Ejecutivo, aunque con venia del Senado— nunca una mujer había llegado al cargo más alto de la jerarquía.

La pregunta es: en un sistema donde la mayor parte de su plantilla son mujeres, ¿cómo nunca hubo una mujer en el cargo jerárquico más alto? Lo que hice fue mostrar que esto responde a un problema estructural que tenemos en nuestro país, y cuando las mujeres somos propuestas, o estamos sobre la mesa, para el ejercicio público de ciertos cargos (en especial en este, un cargo político y público importante) somos miradas, cuestionadas y analizadas desde una perspectiva distinta. Eso fue lo que dije. Lo pienso y lo sostengo. Basta mirar las estructuras del Estado y cómo están conformadas como para saber que lo que estoy diciendo no está alejado de la realidad. 

¿Cómo cree que puede traducirse la mirada feminista (o de una mujer) al frente del Codicen? Digo, cuando se habla de una sensibilidad femenina, ¿en qué se verá, en su caso?

No sé si tengo una mirada femenina. Feminista sí soy. Creo que, en cualquier espacio, en cualquier política pública de la que hablemos, tener una mirada feminista de cómo se construyen las cosas, el espectro puede ser muy variado. En este cargo, uno de los objetivos —y lo veo como una responsabilidad también— es que esto no sea un paréntesis institucional, sino que, a partir de ahora, al momento de pensar en quiénes van a ser los que van a llevar adelante la conducción del órgano educativo, sea algo natural, obvio y evidente que los primeros nombres que se pongan sobre la mesa sean de mujeres. Hay que mostrar la cantidad de mujeres valiosísimas que están, y ese es un objetivo que me planteé.

Y después, en la construcción de la política en general hay un montón de cosas. Por ejemplo, hay un plan Stem [ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, según su sigla en inglés], donde se trabaja con chiquilinas en ciencia. Hay que seguir fomentando eso. Todavía hay brechas muy grandes respecto a las mujeres en matemáticas, ciencia y tecnología. Entonces, con la participación de mujeres hay que seguir fomentando esa línea de trabajo que ya está presente en la ANEP en esas áreas. O que en los torneos de debate que hacemos desde el Plan Cultural, fomentar la participación de las mujeres también en esos espacios, que tienen que ver con una postura de ocupar más los espacios públicos, que sea más equitativa la exposición de mujeres y varones. Hay un montón de cosas que no implican actos concretos ni grandes acciones, pero que son pequeñas gotitas que ayudan a todo este proceso de mayor igualdad. 

“La ANEP es un organismo que está feminizado, su plantilla está inmensamente colmada por mujeres. Sin embargo, en los cargos que son de designación directa nunca una mujer había llegado al cargo más alto de la jerarquía”

Está claro que una prioridad es darle continuidad a la transformación educativa que inició Robert Silva. ¿Cuánto se ha hecho y cuándo queda por implementar? 

Se hizo un marco curricular nacional nuevo, progresiones de aprendizajes, reglamento de evaluación y pasajes de grado, todos los programas de la educación básico-integrada, el Plan de la Educación Básico-Integrada. Todo eso está diseñado, pronto y puesto en funcionamiento en este primer año de implementación que tuvimos, el 2023. Para el 2024 nos queda implementar el segundo ciclo del EBI (Educación Básico-Integrada) y el primer año de bachillerato (lo que hoy es 4° de liceo). Es decir, nos falta implementar dos años de Primaria y primer año de bachillerato. Nos queda por diseñar el segundo y tercer año de bachillerato, lo que hoy es 5° y 6° de liceo. 

O sea que en 2024 vamos a estar haciendo dos cosas al mismo tiempo: implementando lo que falta de la transformación y diseñando los programas de 2° y 3°, y lo que queda también del reglamento de evaluación y pasaje de grado (de educación media superior), que se hizo solo para primer año de lo que hoy es el liceo. Entonces, falta el diseño de 2° y 3° año de bachillerato. 

Sé que pretende hacer cambios en la Comisión de Implementación de la transformación educativa. ¿Cuáles serán esos ajustes?

Los cambios no están pensados para el diseño de los documentos. Los documentos están prontos, diseñados y firmes. Hay otra instancia que es la implementación en territorio. Durante todo este año hubo un grupo en el Codicen, el Grupo de Implementación, que estuvo haciendo un montón de actividades. Entre ellas, encuentros en territorio, en todo el país, con docentes, directores, inspectores, para ayudar en lo que tenía que ver con la implementación, y todo eso generó retroalimentación, como en cualquier otra política pública, que hay que ajustar en la medida que se van implementando. Eso tiene que ver con cuestiones operativas, como, por ejemplo, las cuestiones administrativas que tienen que hacer los docentes para el llenado de algunas matrices que hay. Incluso, incorporar nuevas herramientas tecnológicas para eso, para el seguimiento en aula de los docentes. Son cuestiones que tienen más que ver con la operatividad de la implementación, tras el feedback de los propios docentes. 

En 970 Universal reconoció que su designación no responde a un perfil técnico, sino por política. “Me considero una hacedora de políticas públicas”, dijo. ¿Por qué en esta etapa de la reforma cree que es mejor un político que un técnico al frente del Codicen?

Yo me referí a política en cuanto hacedora de políticas públicas, no en tanto dirigente política. Mi designación se enmarca en un proceso que se viene haciendo y casi en el final de la administración, en el último año casi, en el marco de un proceso de transformación muy potente, y que requiere del último empuje. 

Los equipos técnicos son los mismos: acá sigue el mismo equipo de Planificación Educativa, de la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas, y de todos los subsistemas, que son los que estuvieron trabajando para la elaboración de estos documentos. Y lo que se requería para esta última etapa era una persona que pudiera articular y seguir gestionando este proceso, que ya viene iniciado. Considerando que yo estuve durante todo el proceso, que conozco a los actores y que he actuado con todos ellos, y que he formado parte de los equipos de implementación y demás, creo que el mío era el mejor nombre que se podía proponer para esta instancia.

¿Cuánto han entorpecido la reforma los embates de los sindicatos de la educación, que se han manifestado claramente en contra?

“Entorpecido” la transformación creo que nada, porque, de hecho, nosotros estamos finalizando un año entero de implementación y lo hemos hecho sin ningún tipo de sobresalto inesperado. Eso más allá de las discusiones públicas, de los enfrentamientos o hasta actos de violencia como hubo. En lo que tiene que ver con la implementación de la transformación, por suerte no. Cumplió todos sus plazos y sus etapas. 

Los equipos técnicos elaboraron documentos que se hacían públicos, y rápidamente se generaba debate y los sindicatos lo cuestionaban. ¿Eso fue buscado?

Cada vez que se ponía un documento a consideración, se hacía público. Capaz que por eso generó tanto debate. Cada vez que se aprobaba parcial o provisoriamente un documento (era un borrador), al mismo tiempo que pasaba a estudio de las ATD [asambleas técnico-docentes], se hacían públicos para toda la población. Eso generaba un debate sobre ese documento. A partir de ahí, distintos integrantes de la sociedad (del ámbito privado, de las asociaciones civiles, de la academia) empezaban a pedir reuniones y había una retroalimentación. Eso no fue casual, fue así porque la administración así lo quiso. Y claro que los equipos técnicos tomaron apuntes del disenso, de lo que se observaba por otros actores. Recién allí, el Codicen aprobaba el documento definitivo. Y eso no fue casual. 

¿Su relación con los sindicatos es buena?

Sí, tengo una buena relación. Siempre fui la que acudió a todas las instancias de negociación. Tengo un vínculo cordial y amigable con ellos. 

“Todo eso está diseñado, pronto y puesto en funcionamiento en este primer año de implementación que tuvimos, el 2023. Para el 2024 nos queda implementar el segundo ciclo del Educación Básico-Integrada y el primer año de bachillerato”

La actualización del Protocolo de Regulación de la Atención y Prevención del Acoso Sexual ha estado en discusión en los últimos meses. Incluso, leí en La Diaria que hay docentes de Maldonado que han dicho que están “hartas de la impunidad” de docentes que han acosado o ejercido violencia contra estudiantes de Magisterio. ¿En qué está esa actualización?

Primero, más allá de la actualización, ya está vigente un protocolo. Y está funcionando la comisión que es la que recepciona las denuncias, cuando una funcionaria entiende que está siendo víctima de una situación de acoso sexual. No teníamos antes un protocolo; desde 2014 estaba vigente, pero nunca se había conformado la comisión, entonces cuando llegaban denuncias de ese tipo se derivaban a la Comisión de Acoso Laboral para que las tratara (y no es lo mismo el acoso laboral que el acoso sexual). 

Nosotros conformamos la comisión y esa comisión está trabajando. Concomitantemente, el equipo de Derechos Humanos —integrado además con gente de asesoría letrada— entendió que a ese protocolo había que darle un marco teórico y conceptual más amplio y está trabajando en ello. Es una cuestión técnica, están discutiendo cuál es la lógica y el sentido que les quieren dar. Pero el protocolo está vigente: si alguien cree que está viviendo una situación de este tipo, tiene las herramientas para denunciar, y su caso será atendido. Y luego de una elaboración, es el consejo (Codicen) el que decide.

¿Qué planes tiene para atacar el problema de la violencia en los centros educativos?

Es un problema más social que educativo. Lo que termina pasando es que los centros educativos terminan siendo como la caja de resonancia de todo lo que pasa afuera. En definitiva, termina explotando todo allí. Nosotros tenemos un Plan de Convivencia aprobado (se aprobó en setiembre), que es como el marco teórico de lo que vamos a hacer. Se hizo un plan piloto en algunos centros educativos, liderado por la Dirección de Derechos Humanos del Codicen (en coordinación con los subsistemas). Estuvieron trabajando en talleres de convivencia, habilidades socioemocionales, y para 2024 estaremos trabajando en la implementación de ese Plan de Convivencia con un sentido más amplio, tratando de llegar a todos los centros educativos del país, y con varios ejes. El objetivo es trabajar interinstitucionalmente: el Inju con la campaña “Ni silencio ni tabú” (ya la estuvimos trabajando este año) que trata sobre la salud mental. El año que viene, en coordinación con el Inju, la implementaremos en algunos centros educativos. O con Inmujeres, que tiene la campaña “Noviazgos libres de violencia”, que venimos implementando en el sistema educativo desde hace años. Hay programas y acciones específicas vinculadas a la salud mental. Hay una serie de acciones que vamos a llevar adelante bajo un paraguas que será la implementación del Plan de Convivencia. 

“El protocolo está vigente: si alguien cree que está viviendo una situación de acoso sexual, tiene las herramientas para denunciar, y su caso será atendido. Y luego de una elaboración, es el Codicen el que decide”

¿Para qué le sirvieron los resultados de las últimas pruebas Pisa? Allí se vieron las dificultades de los liceales en comprender un texto, y empeoraron los resultados en matemáticas. ¿Qué pretende hacer con lo que arrojaron las pruebas Pisa?

Aunque suene reiterativo, primero quiero decir que son buenas noticias para Uruguay las que arrojaron las pruebas Pisa. Estamos hablando de pruebas que midieron aprendizajes durante la pandemia y que muestran que el abordaje de la pandemia por parte de nuestro país, y especialmente por el sistema educativo, tuvo un muy buen impacto, cosa que no sucedió ni en otros países de América Latina ni en el resto del mundo, que han tenido una baja tremenda en los aprendizajes. De hecho, se recuperó terreno perdido en cuanto a la deserción estudiantil. El punto de partida es que hicimos las cosas bien. El resultado podría haber mostrado que hicimos las cosas mal, y haber tenido peores resultados de antes de la pandemia.

Partíamos de un nivel descendido, llegó la pandemia y logramos sostenernos. Eso es importante. Obvio que estos informes —la semana anterior a las Pisa supimos los resultados del Ineed [Instituto Nacional de Evaluación Educativa]— tienen que ser insumos para el diseño de políticas públicas, para definir por dónde va a ir la administración. Nosotros les pedimos a los equipos técnicos que trabajen en el cruzamiento de datos en el resultado de todos estos informes, y luego trabajaremos a partir de todos esos datos y las sugerencias que nos hagan los equipos técnicos, sobre qué hay que hacer para mejorar, para que el Codicen pueda plantearse nuevas estrategias. La estrategia más importante es la transformación curricular. En realidad, no está medida en ninguno de esos informes, ni en las Pisa, ni en el informe del Ineed. Ambas pruebas fueron hechas antes de que se implementara el primer año de la transformación educativa. En el “mientras tanto” habrá que tomar algunas medidas.

Las pruebas Pisa evidencian problemas de inequidad y segregación, dificultades propias de los quintiles más bajos. ¿Cómo se ataca eso?

Son dos problemas graves y estructurales que tiene la educación y hasta el país entero. No son de ahora, y vemos que las acciones que se vienen tomando no mueven demasiado la aguja. Nosotros sí estamos trabajando desde el sistema educativo porque, como no era un problema nuevo, y ya sabíamos que la inequidad es algo que está dentro del sistema, esta administración generó los centros María Espínola, que tienen como objetivo pensar en eso. Están pensados para los quintiles más bajos (1 y 2), para la educación media, que además es la que tiene más problemas de abandono y deserción. Tienen una mirada más amplia, más integral, con más horas dentro del sistema educativo, con otro tipo de acompañamientos que tienen más que ver con lo personal, con lo psicológico, con lo socioafectivo. Hay una apuesta grande en ese sentido. Todo nos muestra que tenemos que seguir yendo a más, y repensar otras estrategias. 

Yo soy una convencida de que con este tipo de problemas la educación sola no puede. Y ahí es donde la interinstitucionalidad —que muchas veces la escuchamos nombrar, pero pocas veces se pone en práctica— debe funcionar. Hay que trabajar mucho más coordinadamente con otros actores, porque las políticas del Estado tienen que estar al servicio del estudiante porque el chiquilín que va un centro de educación media con un problema que lo atraviesa es el mismo que se atiende en ASSE, que va un centro juvenil del Inau. Entonces, hay que trabajar más en la interinstitucionalidad. 

¿Qué pasó con los 136 liceos modelo que prometió Ernesto Talvi en campaña? Robert Silva era su compañero de fórmula. 

Son los [centros] María Espínola. 

¿Y cuántos son?

El Plan de Desarrollo Educativo de la ANEP, que es el documento que fija las metas y los objetivos al inicio de la administración, se puso como objetivo que al final de la administración hubiera 60 centros María Espínola, y es de lo que yo me puedo hacer cargo. Más allá de “linkeos” con otras propuestas de campaña, esta administración se propuso esa cifra. Y vamos a superar la meta, porque tendremos 61. A mí no me gusta la palabra “modelo”; son centros educativos que tienen la intención y el objetivo de cambiar la forma de cómo se estructura el centro educativo. 

Primero, porque son de media y de tiempo completo; segundo, porque apuntan a una forma distinta de gestionar el centro (incorpora otras figuras que ayudan a la gestión administrativa del centro) para que el director y el secretario queden más libres para tareas pedagógicas. Tienen, además, otras figuras que trabajan en lo socioemocional, hacen un acompañamiento a los chicos desde otro lugar. Apuntan a trabajar por proyectos, donde los chiquilines tienen una participación más activa sobre los centros de su interés. Hay un trabajo mucho más articulado con la comunidad, con las familias y con el entorno. Son centros que apuntan a tener una forma distinta de gestión y de acompañamiento en relación a la inmensa mayoría de los centros de media.

“La estrategia más importante es la transformación curricular, que no está medida en ninguno de esos informes, ni en las Pisa, ni en el informe del Ineed. Ambas pruebas fueron hechas antes de que se implementara el primer año de la transformación educativa”

Su mandato terminará con el fin de este gobierno. ¿Qué pretende haber logrado en febrero de 2025?

Implementar la transformación, es decir, terminar de implementar y de diseñar los documentos que faltan. Y mejorar la gestión en todo lo que se pueda. Hay varios proyectos que tienen que ver con eso. 

De cara a las próximas elecciones, no podrá hacer campaña y aspirar a una banca en el Parlamento. ¿Qué será de usted en los primeros cinco años?

¡Qué buena pregunta! Jaja… (Piensa) Yo tengo mi profesión, tengo mi carrera, y me encanta la administración pública. Creo mucho en el Estado y soy una convencida de que todo lo que se pueda perfeccionar y fortalecer el Estado tendrá un impacto positivo en la gente. Seguramente voy a trabajar desde el Estado, porque siempre lo he hecho, y desde el lugar que me toque.    

Desde que está en el cargo, ¿cómo ha cambiado su vida, su rutina?

Hay cosas muy básicas que ya no puedo hacer porque no me da tiempo. Mirá, ya en la secretaría general el horario era súper extenso. Yo soy muy exigente conmigo misma y con los equipos que trabajan conmigo. Te diría que al principio de la gestión trabajaba de 8 a 22 horas, de corrido, sobre todo en pandemia, que estábamos con los ritmos muy cambiados, con la expectativa de lo que el MEC nos iba diciendo y las cosas que iban pasando. Entonces, el horario siempre fue extenso. Lo que cambió ahora es que tengo una exposición pública mayor, tengo que dar notas y esas cosas, entonces salgo un poco más temprano de mi casa y llego un poco más tarde. 

Antes de tomar la decisión lo hablé con mi familia, porque era fundamental que bancaran esto, porque si no, es imposible sostenerlo. Y obviamente estuvieron dispuestos a tolerar mis ausencias, y acompañan. Me esperan con la comida pronta, que no es poca cosa.

¿Es feliz?

Soy muy feliz.