La Confederación de de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) emitió un comunicado este martes en el que responde a Ariel Sánchez, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), por sus comentarios sobre el nuevo régimen de certificación médica para trabajadores del sector público.

Sánchez había dicho, entrevistado por Radio Carve y también por VTV, que desde que comenzó este nuevo método se dio una rebaja en las certificaciones de entre 25 y 30% y expresó que el sistema habilita a abrir un sumario si un funcionario pide licencia en el sector público y no en el privado.

“Los funcionarios públicos debemos desarrollar nuestra actuación y conducta ajustándonos a las normas y principios que rigen la ética pública, tales como la probidad, imparcialidad, rectitud, idoneidad y transparencia, principios que también abarcan a quienes ocupan cargos políticos. Nos parece absolutamente irresponsable que se afirme que, como consecuencia de la aplicación de este régimen arbitrario e injusto, los funcionarios públicos que están certificados estén retornando a sus lugares de trabajo, insinuando que este comportamiento justificaría el argumento infundado del gobierno al proponer esta norma bajo la suposición de que los trabajadores estatales abusaban del régimen anterior de certificaciones médicas”, manifestó el sindicato en el texto difundido.

De acuerdo con COFE, las afirmaciones de Sánchez “carecen de cualquier rigurosidad estadística”.

Al respecto, los funcionarios sostienen que, en el mes desde que comenzó a regir la nueva modalidad de certificación “algún trabajador resolvió reintegrarse a trabajar enfermo, porque, si se le aplicaba el descuento, no podría pagar el alquiler ni los servicios básicos”.

“El gobierno no ha podido comprobar su prejuicio por el simple pero no menos importante hecho de que incumple con la normativa internacional y nacional sobre el deber de protección, prevención y vigilancia de la salud de los trabajadores. Estas afirmaciones, dadas a la prensa, injurian y tergiversan ante la opinión pública la imagen del funcionario público y el valor de su función. […] Imagen que, en lugar de ser distorsionada, debería ser fortalecida por el gobierno en su discurso y en su accionar”, concluye el texto.

Según explicó Sánchez a VTV Noticias algunos días atrás, el nuevo sistema rige en Presidencia desde abril. En agosto comenzaron otras oficinas, como los ministerios de menos de mil personas, los servicios centralizados y los organismos de contralor, mientras que en setiembre se inició en las secretarías de Estado de más de mil funcionarios.