COFE presentará recurso de inconstitucionalidad por artículo sobre licencias médicas

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) rechaza la iniciativa en Rendición de Cuentas de aprobar el artículo referente a las licencias médicas, y advierte que presentará recurso de inconstitucionalidad.

Desde el sindicato aseguran que el objetivo del Gobierno “es recortar derechos y recaudar a costa de la salud de los trabajadores públicos”. Y agregan: “Con la instrumentación del nuevo régimen de licencias médicas, el Gobierno persigue como principal objetivo el de recortar a costa de la salud de los trabajadores”.

“La tijera del gobierno de coalición no tiene límites y avanza sobre los derechos y las políticas sociales, perjudicando a los trabajadores en los momentos en los que la situación económica de la familia es más compleja, ya que cuando se transita una enfermedad, se generan gastos adicionales que afectan la economía familiar”, señalan.

 Según explican, los cambios que se le hicieron al proyecto original del Poder Ejecutivo en el Parlamento establecen que, durante la enfermedad, habrá 9 días en el año (alternados o consecutivos) que no generan descuento, mientras que a partir del décimo día se percibirá el 75% del salario. Para COFE, eso significa “una rebaja salarial del 25%”.

 “Para el Gobierno, calculadora en mano, esto significa un posible ahorro de 90 millones de dólares. Detrás del discurso de desprestigio al trabajador estatal se encubre el objetivo central de achicar, recortar y violentar los derechos de los trabajadores públicos”, reclaman.

Además, rechazan el hecho de que la medida se aplique sobre la Administración Central y los servicios descentralizados, que han sufrido, en estos últimos dos años y medio, “la política de ajuste más regresiva del Gobierno”.

Estos ajustes, apuntan, “provocarán recortes de inversiones, cese de contratos, recorte de más de 3.000 puestos de trabajo, cierre de oficinas en todo el país principalmente en el interior, desmantelamiento de los servicios, supresión de políticas sociales en los momentos más críticos de la pandemia, y reducción de gastos de funcionamiento, entre otros”.

Para la Confederación, el objetivo central del Gobierno “es claro: profundizar el sistema de desigualdad, engrosando la riqueza de quienes más tienen, perjudicando y extrayendo directamente del bolsillo de los trabajadores, jubilados y pensionistas ese aumento brutal de la concentración de riqueza”.

En tanto, indican que desde el sindicato se han realizado propuestas "concretas" y que ninguna fue considerada por el Gobierno ni por los legisladores. No obstante, coinciden en que a las situaciones de abuso se las debe combatir, "pero no a través de un sistema que perjudica al conjunto de trabajadores públicos”.

Propuestas

Entre las propuestas que presentó COFE, está la de instalar los servicios de prevención y salud en los organismos públicos; dotar de personal y recursos adecuados al departamento de certificaciones de la Administración de Servicios de Salud del Estado, de forma tal que puedan realizarse los controles necesarios ante una situación de enfermedad.

También, que efectivamente los organismos convoquen a las juntas médicas en los plazos previstos, que se establezca la destitución del funcionario en caso de que se falsee la realidad, así como instrumentar el cruzamiento de datos obligatorio de todos los organismos públicos con el Banco de Previsión Social (BPS) y un sistema de auditoría y control adecuado.

Por último, proponen instrumentar un sistema gradual donde en una primera etapa el foco sea la mejora de los controles y seguimiento para luego, de ser necesario, analizar otras formas de abordar la situación.

En la misma línea, insisten con que fueron ignorados por esta administración “cuya posición se centraba únicamente en el número final de recorte presupuestal”. Y agregan que BPS reconoció dificultades para gestionar el nuevo sistema de licencias médicas en el sector público.

“A esto se suma que, al momento de la certificación médica, en cada prestador de salud no se identifica al médico tratante” y esto “genera más dificultades para gestionar el nuevo sistema”, señalan.

Finalmente, argumentan que la nueva Ley de Rendición de Cuentas, votada por los legisladores de la coalición, no transitó ningún ámbito de negociación colectiva, “incumpliendo la Ley 18.508, de negociación colectiva del sector público”.