COFE presentará recurso ante decreto del gobierno sobre puestos en Administración Central

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) presentará este jueves un recurso administrativo contra el decreto 195/022 emitido por el Poder Ejecutivo. 

Dicha norma reglamenta el artículo 8º de la Ley 19.924, relativo a la actualización de las estructuras organizativas y puestos de trabajo de los incisos de la Administración Central. 

Desde la federación sindical aseguran que el decreto fue impuesto "unilateralmente por el Gobierno” y forma parte del “paquete de medidas de ajuste fiscal aplicados por el Poder Ejecutivo, que tienen como principal objetivo el recorte de puestos de trabajo, siendo el funcionario la variable de ajuste”.

En respuesta al decreto, entregarán el recurso administrativo en Torre Ejecutiva y solicitarán la "intervención del Poder Legislativo, mediante reuniones en las Comisiones de Asuntos Laborales tanto de Diputados como del Senado, denunciando la situación y buscando una intervención al respecto”, según señaló el Consejo Directivo de COFE. 

Según afirman, pidieron “en reiteradas ocasiones” conocer el contenido del decreto, pero indicaron que el Gobierno se negó a reunirse por ese tema.

“Asistimos al desmantelamiento profundo de los servicios públicos aplicado por el Poder Ejecutivo y a una reforma del Estado encubierta, donde la conclusión final debe ser reducir y achicar el gasto, a costa de menos servicios públicos de calidad”, opinó Martín Pereira, presidente de COFE.

De acuerdo a lo que establece el decreto, los organismos deberán proponer una lista de cargos, funciones y contratos que deberán declararse excedente o directamente discontinuarse, sostiene COFE. 

El gremio expresó además que el Gobierno busca ahorrar a costa de recortes en los puestos de trabajo. 

“Se trata de funcionarios que tienen un ingreso, una familia y que, por una decisión unilateral del jerarca, que considera que su cargo no es necesario, quedará cesante o excedentario, dependiendo del vínculo laboral que tenga”, manifestaron desde el sindicato de trabajadores públicos. 

Agregaron que el decreto “recoge una postura antiestatal y de achique del Gobierno”, ya que, entre otras cosas, “establece un tope al gasto en materia salarial; dispone reestructuras que deberán establecer el cese contratos, de funciones y la declaración de funcionarios excedentarios; reduce y limita las áreas de gestión sustantivas y principalmente las de apoyo; y desconoce y violenta la negociación colectiva y las leyes vigentes en nuestro país”. 

“El decreto 195/022, sumado a otras medidas como la rebaja masiva de salarios, la rebaja de jubilaciones y pensiones, el recorte de derechos, el nuevo régimen de licencias médicas, la inclusión muy posible de la reforma de seguridad social, posiciona a la coalición de Gobierno en una agenda antipopular, dónde la inmensa mayoría de la población de nuestro país será perjudicada”, afirmaron.