La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) emitió un comunicado en el que denuncia que el gobierno realizó un ajuste en los salarios públicos en enero de 2024 que es “inferior al que estaba convenido”, y expresa su “más firme rechazo a esta medida”.

En el mensaje, que tiene fecha de este martes 16 de enero, el sindicato afirma que “el recorte asciende a más de 50 millones de dólares” y representa “casi un 1%” de rebaja con respecto a lo que consideran deberían haber recibido.

“Para los trabajadores de la Administración Central y de los Organismos nucleados en COFE, el ajuste de salario en enero de 2024 será de 5,4% cuando, hasta hace unos días, el ajuste era del 6,3%”, aseguran.

Para los trabajadores estatales sindicalizados esta decisión fue tomada “en forma unilateral, sin ninguna convocatoria a la negociación colectiva” y que esto viola la legislación uruguaya al respecto (citan la Ley 18.508).

“El gobierno vuelve a utilizar el salario de los trabajadores públicos como variable para equilibrar las cuentas públicas”, denuncia COFE.

La misiva dice, además, que “el Poder Ejecutivo expresó estos datos por escrito en los fundamentos de la Rendición de Cuentas 2022 y fue parte de la negociación que existió entre las partes ese año, donde el propio ministro de Trabajo expresó a dirigentes de COFE que el ajuste debía llegar el 6,3%”.

Consideran, a su vez, que “estos criterios se tomaron en base en la negociación colectiva en el sector privado en la última ronda de consejos de salario”.

Para el sindicato, “el único objetivo del gobierno es recortar y generar un ajuste a costa del salario”, y lo hace “a sabiendas que esta medida perjudica a los trabajadores públicos y sus familias”.

Asimismo, afirman que la medida afectará a la baja al Índice Medio de Salarios y que esto tendrá un “impacto negativo en el ajuste de jubilaciones y pensiones del año próximo”.

Por último, COFE dice que hay una “concepción neoliberal del gobierno de coalición” y respaldan esta crítica en esta y otras “medidas adoptadas” por el Ejecutivo, a saber: “el vaciamiento de los servicios, la falta de personal, la ausencia de ascensos” y las designaciones “sin concurso en toda la Administración Central”.

Si bien desde el gobierno no ha habido una respuesta oficial hasta ahora, la diferencia entre lo reclamando por los funcionarios y el ajuste que se aplicará radica en que, en el último convenio, la proyección oficial de inflación para 2024 era de un 5,8%.

A esto se le suma el 0,5% que se aplica como recuperación parcial de pérdida salarial. Ahora la estimación de inflación acumulada para fines de 2024 es de 4,9%, por lo que, sumado al 0,5% el ajuste que efectivamente se aplicará, totaliza un 5,4%.