Un estudio hecho por el Instituto de Estudios Sindicales de COFE (Inesur) concluyó que la "rebaja salarial que se aplicó a los salarios públicos en enero de 2021 generó un recorte del gobierno de más de $ 8 millones (US$ 192 millones)".

La organización de los funcionarios públicos estimó ese monto como "una pérdida significativa de poder adquisitivo de los trabajadores, una reducción del consumo interno y en especial para la demanda a las pequeñas y medianas empresas, en particular barriales, tales como almacenes y kioskos".

"La rebaja de salario en el sector público fue de un 5 %, lo que ha generado una caída sostenida del salario real" y "también tendrá impacto negativo en las jubilaciones y pensiones en Uruguay que se ajustarán el año próximo por debajo de la inflación", advirtió el sindicato.

De acuerdo a COFE, si esas retribuciones de los funcionarios se hubiesen actualizado por el Índice del Precios al Consumo de 2020 (9,41%), su valor hubiera sido $ 149.941 millones, pero como fueron actualizados por 4,41%, el valor fue de $ 142.663 millones.

"El ajuste del gobierno, rebajando el salario de los trabajadores públicos, es de $ 7.277 millones, que, de acuerdo a valores de 2021, equivale a US$ 173 millones", indicaron en un comunicado.

"A estas pérdidas deben sumarse las producidas por el Plan UTE Premia cuya aplicación implicó una reducción del IPC de 0,6%. Como consecuencia el IPC de diciembre tuvo una caída de 0,19 %. Esta caída puntual de la inflación anualizada tiene impactos negativos para todos los trabajadores porque la variación anual del IPC es un elemento central para la determinación de los salarios", aseguran desde COFE.

Por lo tanto, a la pérdida de poder adquisitivo estimada anteriormente por el instituto de estudios sindicales de COFE, debe sumarse este 0,6% que equivale a $822 millones, con lo cual la pérdida total sería de $ 8.100 millones, equivalentes a 192 millones de dólares.

Además, agregaron que con la implementación del decreto 90/020 por parte del gobierno desde el inicio de la gestión, hubo "una política de cese y recorte salarial de cientos de puestos de trabajo en Estado", que implicó que "muchas familias se quedaran sin ingresos en momentos muy difíciles en materia económica, económica y social".

Con respecto al recorte de vacantes, sostuvieron que la falta de reposición "está generando grandes problemas de gestión en muchos servicios públicos donde la cantidad de bajas, principalmente por jubilaciones, ha sido significativa".

COFE rechazó lo que entiende como "la política de ajuste del gobierno", que toma "como principal variable el salario de los trabajadores públicos, el de los trabajadores del sector privado, así como las jubilaciones y pensiones".

"Exigimos que en la próxima Rendición de Cuentas se incluya la recuperación del salario perdido y se establezcan espacios reales de negociación colectiva donde todos los temas estén sobre la mesa", finalizó el Consejo Directivo de COFE.