La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) respaldó a la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Afumvotma) en rechazo a las declaraciones del titular de esa cartera, Raúl Lozano, sobre el resultado de la investigación administrativa vinculada a la adjudicación de viviendas por parte de la entonces ministra Irene Moreira.

“Sí se considera que los procedimientos que se llevaron a cabo no fueron de la forma correcta. Hubo falencias, errores, o algún tipo de irregularidad en la adjudicación de estos cupos”, afirmó Lozano en ese momento.

A su vez, COFE también rechazó —al igual que el sindicato de trabajadores del ministerio— el “accionar” de Lozano. A su entender, “expuso a funcionarios de dicha cartera de Estado al escarnio público, cortando el hilo de las responsabilidades por el lado más fino”, manifestó la confederación en un comunicado este viernes.

Así, el consejo directivo de dicho sindicato argumentó que los funcionarios del ministerio “actuaron conforme a los procedimientos establecidos”, y que “los casos investigados no se enmarcaron en la resolución ministerial […] a la que alude el señor ministro en sus conclusiones”.

Lozano “tenía conocimiento de la existencia de la norma y que esta debía ser aplicada por los funcionarios; la que ahora no se puede desconocer para llamar a responsabilidad a los funcionarios actuantes”, sostuvo COFE en la misiva.

A su vez, el gremio tildó de “muy grave” que una resolución ministerial (número 133/2024), publicada este año, “se haya hecho pública con los nombres de los funcionarios”. Esto “vulnera el principio de reserva de todo proceso administrativo disciplinario, el principio de presunción de inocencia y el principio del debido proceso administrativo”, disparó COFE.

Finalmente, el consejo directivo de la confederación “entiende como muy grave que se pretenda trasladar a los funcionarios responsabilidades que le caben a los cargos políticos de jerarquía”.