La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) emitió un comunicado este jueves en el que reclama que el gobierno “impone el nuevo régimen de descuentos por licencia médica sin negociación colectiva”, ya que a partir del 1º de abril el Poder Ejecutivo pondrá en vigencia un nuevo régimen de certificaciones para empleados públicos.

Según COFE, esto implica un recorte salarial “en forma arbitraria”, que “barre con los derechos de más de 300.000 trabajadores públicos y sus familiares”.

El documento establece que los trabajadores del Estado solo podrán percibir su sueldo completo durante nueve días hábiles en todo el año si se enferman, y luego tendrán derecho al subsidio del Banco de Previsión Social (BPS) que va del 100 al 75% de su remuneración.

Actualmente, los funcionarios públicos que se certifican no tienen un límite de días para hacerlo ni se les descuenta nada de su sueldo.

En principio, esta disposición se iba a poner en vigor a comienzos de este año. Pero a fines de enero, debido al reclamo sindical, el Ministerio de Trabajo prorrogó por 60 días la aplicación del nuevo régimen.

Ahora, COFE reiteró el reclamo de que no ha habido “ninguna convocatoria a los ámbitos formales de negociación colectiva previstos en la Ley 18.508”.

El sindicato dijo en la carta que, a la fecha, el Poder Ejecutivo no ha instalado “una mesa de negociación para tratar todos los temas vinculados al nuevo sistema de licencias médicas”, ni “las bipartitas de salud laboral en todos los incisos”, a los que se había comprometido por ese entonces.

Ante esto, los estatales anunciaron que iniciarán “un plan de acción que incluirá la concreción de medidas de lucha” y que presentarán “un recurso administrativo contra el instructivo”, con “las consultas jurídicas pertinentes para iniciar una acción de inconstitucionalidad” y se “realizará una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

“Como es práctica sostenida del actual gobierno, nos mintió descaradamente”, calificó COFE, y agregó: “El gobierno tiene incorporado en su ADN, como parte de su concepción de gestión y de ajuste, el recorte de salario, el perjuicio a los trabajadores y la negociación de mala fe, al punto tal que promueve la inexistencia de la negociación colectiva”.

Asimismo, afirma que “no se registran antecedentes de tantos compromisos incumplidos”. Y enumera estas promesas: “Concursar los cargos a dedo en todo el Estado”; “instrumentar un sistema de carrera administrativa” para promover “ascensos y motivación”; “no realizar recortes de cargos al barrer” y recuperar “el salario perdido”.

“La visión del gobierno de coalición de atropellar derechos, de aplicar leyes cuando perjudican a los trabajadores, pero de mantener selectivamente aquellas leyes que le permiten mantener hasta el final de su gestión los cargos a dedo y de particular confianza, representa también una concepción de cómo administrar los fondos públicos, donde la discrecionalidad en la utilización de los mismos es moneda corriente”.

Por último, solicitaron “la convocatoria urgente a la negociación colectiva”, e instaron “al gobierno y al presidente de la República, Dr. Luis Lacalle Pou, a dar cumplimiento a la Ley 18.508, de Negociación Colectiva del Sector Publico”.