COFE: “El gobierno le sigue metiendo la mano en el bolsillo a los que menos tienen”

La Confederación de Funcionarios del Estado (COFE), criticó el discurso que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, brindó en la Asamblea General el miércoles.

En ese sentido expresaron que, contrariamente a lo que dijo el presidente en su discurso, el gobierno "sí le metió la mano en el bolsillo los trabajadores, jubilados, pensionistas y a los que menos tienen".

A su vez, denunciaron un "desmantelamiento del Estado" que según dijeron, el propio Lacalle admitió en el Parlamento, al decir que la cantidad de vínculos laborales con el Estado se redujo en casi 5.000 entre el 2021 y el 2020 (1,59% del total) y en más de 8.000 con respecto a 2019 (2,64% del total)”.  

"El desmantelamiento del Estado, con la caída del gasto público y la reducción de personal, afecta a todos los uruguayos y especialmente a aquellos que tienen menores recursos y deben satisfacer necesidades básicas a través de los servicios públicos. A estos uruguayos, también le metieron la mano en el bolsillo", expresó COFE, según reza un comunicado emitido por dicho sindicato. 

La Confederación expresó que una de las primeras medidas de recorte adoptadas por el Gobierno, fue el Decreto 090/020 del 11 de marzo de 2020, a través del cual, "el Poder Ejecutivo aplicó un fuerte ajuste de gastos para la Administración Central y exhortó y recomendó su aplicación en todas las demás entidades del sector público. Al mismo tiempo, fijó un techo a la ejecución presupuestal para el ejercicio 2020, de 85% de los créditos comprometidos del ejercicio 2019, correspondientes a gastos de funcionamiento e inversiones".

Según COFE, el gobierno también estableció una fuerte reducción de personal prohibiendo proveer los cargos vacantes generados al 31 de diciembre de 2019 y fijando que solo se pudiesen ocupar un tercio de los que se generaran a partir del año 2020. Desde COFE denuncian que en los hechos "no han existido casi ingresos de funcionarios en la Administración Central", exceptuando el personal docente, así como profesional técnico y especializado de la salud o personal dependiente del Ministerio del Interior abocado directamente a funciones de seguridad.

"La reducción incluye la no renovación automática de los vínculos de servicios personales de carácter temporal y un tope de 60% del monto total ejecutado en 2019 por el mismo concepto. Esta decisión implicaría la expulsión de miles de trabajadores, que si hoy mantienen sus vínculos vigentes es porque sus servicios resultan fundamentales para garantizar la calidad de los servicios públicos", sostuvo COFE.

Y agregó que la reducción de personal afecta fuertemente a los trabajadores del Estado, "que deben trabajan más, para cubrir la reducción sustancial de personal y en peores condiciones operativas por la falta de insumos y de inversiones". 

"El presidente muestra con gran satisfacción que mejoran los resultados fiscales, a costa de la reducción de los salarios de los trabajadores y de las pasividades", expresó el sindicato, que también aseveró que el gobierno sí le metió la mano en el bolsillo a la inmensa mayoría al rebajar los salarios en forma masiva tanto en el sector público como en el sector privado, teniendo en cuenta que por dos años, en forma consecutiva, el salario real cayó, por lo que existió pérdida de poder adquisitivo.

A su vez, solamente en el sector público, el recorte del gobierno en 2021 con la reducción salarial del 5%, fue de aproximadamente 180 millones de dólares (estimado a partir de los Resultados del Gobierno Central y las Empresas Públicas a noviembre de 2021).

Desde COFE adelantaron que en 2022 volverá a obtener un “ahorro” similar acrecentado con el 0,96% de pérdida salarial, por lo que el “ahorro” acumulado en 2021 y 2022 será de aproximadamente 400 millones de dólares. 

Denuncian que la pérdida salarial de los trabajadores es mucho mayor, porque la caída de poder adquisitivo aumenta en forma acumulativa mes a mes, hasta que se produzca el ajuste en 2023. 

Para COFE, el Gobierno también rebajó las jubilaciones y pensiones, y en sus dos años de gestión las mismas se ajustaron por debajo de la inflación. 

Por otro lado, criticaron el hecho de que el Gobierno haya aumentado los impuestos al reducir la devolución de IVA de 4% a 2 % para las compras con tarjeta de débito.

En tanto, sostuvieron que el mecanismo de aumento del costo de los combustibles aprobado en la LUC "impulsará la inflación y las pérdidas de salarios y pasividades".

"Como contrapartida hay unos pocos uruguayos, los “malla oro”, que continúan engrosando sus bolsillos y que el Gobierno de coalición quiere “estimular”, y son los que concentran la mayor parte de la riqueza de nuestro país y aumentan sus ingresos, sus millonarias cuentas bancarias y a los cuales no se les metió la mano en el bolsillo, ni siquiera en el peor momento de la crisis sanitaria", se quejaron desde la Confederación.