La Justicia argentina decidirá este miércoles si confirma o modifica la sentencia contra la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) por la concesión irregular de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz cuando era mandataria, un fallo que podría truncar su vida política.
La Cámara de Casación Penal se pronunciará sobre la decisión tomada en primera instancia por el Tribunal Oral Federal en diciembre de 2022, cuando Fernández fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, causa conocida como Viabilidad.
El tribunal consideró entonces que la expresidenta había cometido un delito de administración fraudulenta de fondos públicos, aunque la absolvió de asociación ilícita.
Desde el peronismo aguardan un fallo condenatorio, ya que consideran que los jueces Gustavo Hornos, Diego Borinsky y Diego Barroetaveña “van a intentar proscribirla”, por lo cual se espera una nueva apelación que llevaría el caso a la Corte Suprema de Justicia.
“Van a intentar proscribirla y meterla presa, no tengo duda. No sé si lo van a lograr, pero lo están intentando", afirmó el pasado sábado el senador y mano derecha de Fernández, Oscar Parrilli, en declaraciones a la radio AM750.
Según dijeron este martes a EFE fuentes cercanas a Fernández, la exmandataria esperará la lectura del fallo en su casa.
Parrilli considera que los grupos de presión económicos y la centroderecha, bajo el liderazgo del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), están presionando a la Justicia para impedir que Fernández pueda volver a concurrir a las urnas.
Tanto la exmandataria como su entorno han asegurado en múltiples oportunidades que ella es víctima de un hostigamiento judicial y político bajo la figura del lawfare (guerra judicial).
“Guerra judicial” es un término usado para explicar el uso político que hacen integrantes de la Justicia para acosar de manera abusiva o ilegal, bajo apariencias legales, a una figura pública a la que pretenden inhabilitar o provocar el repudio popular contra ella.
Los seguidores de Fernández celebrarán este miércoles una “clase pública" en la que explicarán al aire libre el lawfare al que ellos consideran que está siendo sometida la expresidenta y que se celebrará a las puertas del tribunal que dictará el nuevo fallo.
El martes pasado, Cristina Fernández quedó consagrada como nueva presidenta del Partido Justicialista (PJ), tras la renuncia del ex jefe de Estado Alberto Fernández (2019-2023) por el caso de violencia de género contra su expareja Fabiola Yáñez.
La derrota en las presidenciales de 2023 frente al ultraderechista Javier Milei obligó al peronismo a buscar una solución de cara a las legislativas de 2025, que ve en Cristina Fernández una oportunidad para recomponerse.
En un reciente encuentro con empresarios de la provincia de Buenos Aires, un bastión del peronismo, Cristina Fernández sostuvo que este movimiento político necesita “repensar el país” para hacer “mejor” las cosas y también necesita dirigentes “comprometidos con la gente”.
EFE
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