El Secretariado Ejecutivo del Pit-cnt analizará hoy presentar un recurso revocatorio ante la Justicia para que el decreto del presidente Tabaré Vázquez que habilita a la policía a disolver piquetes sin una orden judicial quede sin efecto.
La propuesta será llevada por el dirigente del sindicato de COFE, Joselo López, quien señaló que para el sindicato la decisión de Vázquez atenta contra el derecho de huelga y con la posibilidad de organizarse de la sociedad civil.
“Queda que lejos de ser una acción contra el capital es contra quienes más se movilizan en este país y este particular contra la sociedad civil organizada, que muchas veces en un barrio hace un corte de ruta o un corte de una calle para protestar por diferentes situaciones que se están viviendo en esos barrios”, señaló a Montevideo Portal cuando presentó el planteo.
Por su parte, la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria emitió un comunicado en el que señala que el Poder Ejecutivo “ha venido promulgando varios decretos que tienden a criminalizar la protesta, además de imponer condiciones a los trabajadores organizados”.
“Los docentes rechazamos que se limite el derecho a la protesta de cualquier colectivo que denuncie una injusticia, trátese de sindicatos, gremios estudiantiles, organizaciones de derechos humanos, comisiones barriales y demás organizaciones sociales en torno a las cuales se nuclea la clase trabajadora”, afirmaron expresando su apoyo a las acciones jurídicas que permiten derogarlo.
En conversación con Montevideo Portal el diputado socialista Roberto Chiazzaro señaló que el decreto es innecesario porque ya “existe toda una reglamentación” al respecto y resaltó que deben “ser los jueces los que tienen que intervenir para dejar despejadas las vías públicas”.
“Se debe priorizar el diálogo. Nos preocupa este decreto que otorga al Poder Ejecutivo a tomar medidas primero y comunicar después, no es bueno dejar en manos de un oficial de policía, el discernir si lo que está viendo es un movimiento gremial u otro tipo de cosas”, expresó señalando que “bajo otro tipo de gobiernos”, el decreto puede “perjudicial al movimiento sindical, a los trabajadores y a la población en general”.
Consultado sobre la opinión del Ministerio del Interior en el que aclara que se trata de un decreto pensado para las movilizaciones empresariales, Chiazzaro dijo que las leyes deben ser claras y más cuando implican uso de la fuerza pública. “No fue afortunado, estaría muy feliz, si el Ejecutivo anulase el decreto, sería muy saludable”, concluyó.
En tanto el diputado comunista Gerardo Núñez calificó como “innecesario” e “inapropiado” el decreto de Vázquez aún cuando sea, como planteó el director general del Ministerio del Interior Charles Carrera.
“Leímos atentamente la columna del compañero pero para nosotros lo más importante es que lo primero es apelar al diálogo”, señaló Núñez en referencia a un hipotético caso en el que desde el sector empresarial se busque desestabilización.
Núñez destacó el papel de la movilización popular, el diálogo y la negociación entre los diferentes actores y subrayó que el decreto deja “no contribuye a construir una salida colectiva de los sectores sociales”.