El senador del Partido Nacional Sergio Botana reclamó este miércoles por la reapertura de la causa que indaga el negocio de Gas Sayago, que fuera archivada por el fiscal Luis Pacheco al entender que hubo “negligencias e irregularidades administrativas”, pero no se pueden atribuir responsabilidades penales por ausencia de dolo.

“Es lo que corresponde. Si usted generó pérdidas por 200 millones de dólares, si encaró un proyecto que se sabía estaba mal desde el inicio, cómo me van a decir que no había mala intención de parte de los administradores y que por eso no los juzgan”, dijo Botana durante una rueda de prensa en el Parlamento.

“No tuvo asidero jamás. Cuando los informes dijeron que no iba a ser rentable, que no era viable, siguieron adelante igual. Si eso no es mala intención de tirar la plata de los uruguayos, entonces que la Justicia me explique”, agregó más adelante.

Botana también apuntó otra vez al fiscal de Corte, Juan Gómez, al que acusó de estar “totalmente orientado hacia un lado”, y afirmó que debería solicitar de oficio que se reabra la investigación.

“Esto del fiscal de Corte, que permita hacer estas cosas, porque está totalmente orientado hacia un lado, es bastante grave”, dijo.

El senador también opinó que el proyecto fue desde un inicio “absolutamente inviable” y que se hizo “subestimando las inversiones”.

“Se hizo un proyecto para venderle gas a la Argentina, que es como querer enseñarles a jugar al básquetbol a los americanos. Uruguay pretendía ponerse de vendedor al país que tiene más reservas en el mundo”, apuntó.

“Se contrató a una empresa corrupta. La empresa OAS no demostró capacidad de hacer la obra. Sin embargo, le adjudicaron la licitación. Dentro de las que se presentaron, había cinco empresas que tenían experiencia en hacer caños abajo del agua. Y se la dieron a OAS, que no tenía ninguna experiencia. Casualmente, una de las dos empresas más famosas por corrupción en el continente. Si eso no es clara mala intención, entonces que el señor fiscal de Corte me explique lo que permitió hacer”, dijo después.

A inicios de julio, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, actualizó durante una comparecencia en el Parlamento el costo que tuvo para las arcas del Estado el frustrado proyecto de regasificadora.

El total estimado fue de US$ 256 millones, de los que US$ 100 millones se pagaron mediante una garantía ya ejecutada.

El proyecto insumió gastos por US$ 217 millones, a lo que se sumaban hasta ese momento US$ 36 millones en juicios pendientes y otros costos. De este dinero, hubo US$ 30 millones por el juicio de la constructora OAS, más otros US$ 5 millones por los pilotes que hay que sacar de la bahía y otros juicios menores.

Además, se agregan otros US$ 125.000 de costos e impuestos por cada mes que la empresa sigue sin liquidarse. Esto implica US$ 1,5 millones por año.