Bolsonaro, tras su derrota, podría enfrentar cargos

Por The New York Times | Flávia Milhorance

El presidente de Brasil ha enfrentado a investigaciones que hasta ahora se han aplazado o bloqueado debido a su inmunidad presidencial. Pero eso podría cambiar tras su derrota en las elecciones del domingo.

Jair Bolsonaro ganó las pasadas elecciones presidenciales de Brasil con la promesa de limpiar la política y, desde que asumió el cargo en 2019, había dicho al menos 237 veces que su gobierno tenía “cero corrupción”.

Esas afirmaciones calaban hondo entre los partidarios de Bolsonaro, mientras se disputaba en una reñida segunda vuelta contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien estuvo encarcelado.

Sin embargo, en las últimas semanas, Bolsonaro se preocupó por la perspectiva de ir a prisión, según dos altos funcionarios que lo escucharon hablar sobre el tema y que pidieron mantener su anonimato para poder describir conversaciones privadas.

A pesar de sus afirmaciones, Bolsonaro y su círculo íntimo han enfrentado investigaciones por acusaciones que incluyen malversación de fondos públicos, robo de salarios del personal y mal manejo de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, hasta el momento, las investigaciones han sido aplazadas o bloqueadas dada su influencia política y su inmunidad presidencial.

Pero eso podría cambiar ahora que Bolsonaro perdió las elecciones presidenciales del domingo.

“Después de dejar el cargo, no hay inmunidad, ninguna, por los delitos cometidos por un expresidente en Brasil”, dijo Eloísa Machado, profesora de derecho en la Fundación Getulio Vargas, una universidad y organización de investigación en São Paulo, Brasil.

La ley en Brasil deja menos espacio para la interpretación sobre ese tema que en Estados Unidos, donde las afirmaciones de inmunidad presidencial del expresidente Donald Trump lo han ayudado a sortear investigaciones y juicios.

En Brasil, solo el fiscal general puede investigar a un presidente en funciones, y solo el Supremo Tribunal Federal puede procesarlo, lo que “definitivamente ayuda a evitar investigaciones”, según Davi Tangerino, profesor de derecho de la Universidad Estatal de Río de Janeiro.

En 2019, Bolsonaro nombró a Augusto Aras como fiscal general, ignorando una tradición de dos décadas en la que los fiscales federales elegían a su jefe. Desde entonces, la oficina del fiscal general ha archivado más de 100 solicitudes de investigación, la mayoría relacionadas con la respuesta caótica y posiblemente corrupta de Bolsonaro a la pandemia y sus ataques contra el Supremo Tribunal.

“El fiscal general lo protegió de cualquier responsabilidad”, dijo Machado.

Además, Bolsonaro y dos de sus hijos han sido implicados en denuncias que los acusan de haber tomado parte de los salarios de los miembros del personal durante sus mandatos como congresistas. El año pasado, la oficina del fiscal general abrió investigaciones sobre los casos del presidente, pero no se han realizado avances en esas pesquisas.

Hace un par de meses, las finanzas familiares fueron el centro de la atención pública debido a un reportaje del sitio de noticias UOL que indicaba que la mitad de las 107 compras de bienes raíces de la familia se habían hecho en efectivo. Los fiscales de Río de Janeiro están examinando si 25 de esos inmuebles fueron comprados con dinero desviado de los salarios del personal.

El presidente también ha logrado mantener un control estricto sobre el Congreso, que ha aplazado más de 130 solicitudes de juicio político. Los medios brasileños Estadão y Piauí informaron que, a cambio, su administración ha permitido que un grupo de congresistas otorgue más de 8000 millones de dólares a sus bases electorales regionales. Hace un par de semanas, la policía federal arrestó a dos personas vinculadas a este supuesto esquema de malversación de fondos, denominado “el presupuesto secreto”.

Para protegerse a sí mismo, y a su círculo más cercano, de las investigaciones, Bolsonaro ha extendido las protecciones contra decenas de solicitudes de información, imponiendo clasificaciones de confidencialidad por 100 años a datos como los nombres de las personas que visitaron el palacio presidencial y las comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Da Silva, quien estuvo en prisión por cargos corrupción, utilizó ese tema en su campaña y prometió: “En mi primer día de gobierno, revocaré esos secretos”.

André Spigariol colaboró en este reportaje.

André Spigariol colaboró en este reportaje.