En sus redes sociales, el mandatario rechazó tratar como "víctimas" a los 27 presuntos criminales que murieron en el operativo, el más letal de la historia de Río de Janeiro, según organizaciones de derechos humanos.
Asimismo, aprovechó el brutal suceso, en el que también murió un inspector de policía, para atacar a la prensa y a las fuerzas políticas de izquierda.
"Al tratar como víctimas a traficantes que roban, matan y destruyen familias, la prensa y la izquierda los iguala al ciudadano común, honesto que respeta las leyes y al prójimo", afirmó el jefe de Estado, en su primera manifestación pública sobre el asunto.
"Es una grave ofensa al pueblo que hace mucho que es rehén de la criminalidad. ¡Felicidades a la Policía Civil de Río de Janeiro!", añadió en su perfil oficial de Twitter.
El líder ultraderechista defiende la mano dura contra el crimen y considera que aquellos policías que en el ejercicio de sus funciones maten a delincuentes deben tener garantías para no responder judicialmente por ello, según ha manifestado en más de una ocasión.
Bolsonaro sí expresó sus condolencias a los familiares del fallecido inspector André Leonardo de Mello, del que, según dijo, "perdió su vida en combate contra los criminales" y "será recordado por su coraje".
La acción policial en cuestión se extendió durante nueve horas en la favela de Jacarezinho, en la zona norte de la capital fluminense, y tenía por objeto combatir el reclutamiento de menores por parte de una banda de traficantes.
Sin embargo, según relatos de vecinos y videos publicados en las redes sociales, durante la operación los agentes invadieron domicilios sin autorización judicial, dispararon a personas que se habían rendido y confiscaron los celulares de los testigos.
El fiscal general de Brasil, Augusto Aras, pidió el viernes al gobernador de Río, Claudio Castro, y a otras autoridades de la región que "esclarezcan las circunstancias" de la operación, ante las múltiples denuncias de abusos cometidos por los agentes.
Por su parte, el juez Luiz Edson Fachin, de la Corte Suprema de Brasil, afirmó haber visto indicios de "ejecuciones arbitrarias" en videos que analizó.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch condenaron los hechos, mientras que La Oficina de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos denunció posibles intentos de las fuerzas de seguridad para evitar que se pueda llevar una investigación independiente de lo ocurrido.
La Policía Civil ha negado todas las acusaciones de abusos y afirmó que actuó de forma planificada y bajo la supervisión de la Fiscalía.
Con información de EFE
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