En un claro mensaje a los mercados financieros, en los cuales se teme que el Gobierno aumente aún más el ya elevado gasto público en medio de una aguda crisis fiscal, Bolsonaro ratificó en sus redes sociales que "la responsabilidad fiscal" es prioridad en su gestión.
Las dudas surgieron en el marco de un profundo debate en el seno del Gobierno en búsqueda de fórmulas que permitan expandir el gasto en subsidios sociales, aumentado en forma exponencial desde abril pasado para atenuar el impacto económico de la COVID-19, que ya deja en el país más de 140.000 muertes y 4,7 millones de casos.
Hasta la irrupción del coronavirus, unos 40 millones de personas de las clases menos favorecidas recibían cerca de 200 reales (hoy 36 dólares) por mes mediante el programa Bolsa Familia, creado en 2003 por el Gobierno del progresista Luiz Inácio Lula da Silva.
Con la pandemia, el valor del auxilio fue elevado a 600 reales (110 dólares) y pasó a llegar a unos 65 millones de personas, pues incluyó a beneficiarios del Bolsa Familia y también a trabajadores informales y a aquellos que perdieron sus empleos por la COVID-19.
Esa mayor atención a las clases más bajas tuvo impacto político y la popularidad de Bolsonaro, partidario de una economía ultraliberal y de reducir a mínimos el peso del Estado, se disparó y su tasa de aprobación llegó al 40 %, la mayor en los 21 meses que lleva en el poder.
A fin de mantener ese apoyo, Bolsonaro ha encomendado a su equipo económico encontrar una fórmula para reforzar el Bolsa Familia desde enero próximo, cuando acabará el auxilio de emergencia aprobado por la pandemia, ya reducido a la mitad del valor desde este mismo mes.
"El auxilio de emergencia, infelizmente para los comunistas y los demagogos, no puede ser para siempre", justificó este martes en sus redes sociales.
Sin embargo, explicó que los estudios del Gobierno para aumentar la ayuda a los pobres pretende "anticiparse a los graves problemas sociales que pueden surgir en 2021 si no se hace nada para atender a esa masa que perdió todo, o casi todo".
También insistió en responsabilizar de esa situación social a los alcaldes y gobernadores, que por imperativos constitucionales fueron los que promovieron las medidas de aislamiento social impuestas por la pandemia, pese a la oposición del Gobierno a esas restricciones.
"La política de 'quédese en casa que la economía viene después' acabó y el 'después' llegó. La prensa, que tanto apoyó el 'quédese en casa', ahora no presenta opciones para atender a esos millones de desasistidos", señaló, para apuntar que "los responsables por la destrucción de millones de empleos ahora se callan".
Bolsonaro también rechazó, como afirman sectores de la oposición, que la intención de ampliar los subsidios sociales a partir de enero tenga objetivos políticos y pretenda apuntalar su posible reelección en 2022.
"Mi creciente popularidad importuna a adversarios y a gran parte de la prensa, que rotulan cualquier acción mía como 'electorera'. Si nada hago, soy omiso. Si hago, estoy pensando en 2022", se quejó.
Con información de EFE