El concejal del Municipio La Floresta Vicente Amicone, el edil de Canelones Fabián Colombo y el diputado Alfonso Lereté, todos ellos del Partido Nacional, se encuentran investigando a nivel político la comisión de presuntas irregularidades relacionadas con las ollas populares en el departamento de Canelones, en particular, en la localidad de La Floresta.

Lereté posteó en su cuenta de Facebook un comentario acerca de la situación actual de las ollas populares en el país: “En nuestro departamento […], en algún municipio donde gobierna el Frente Amplio, la mayoría de los partidos políticos dejaron en evidencia presuntas irregularidades en la distribución de alimentos con destino a ollas y merenderos, desde la inexistencia de locales en funcionamiento que recibían igual la partida alimenticia hasta ollas acotadas en los insumos”.

Montevideo Portal se comunicó con el diputado canario, quien aseguró que las presuntas irregularidades llegaron a través de un informe de Uruguay Adelante, la organización que provee alimentos. Allí se menciona que en algunas ollas populares “no llegaría” la comida a destino, y que en otros casos “las ollas populares no funcionaban como tal”. A su vez, se detalla una inspección que constató que una olla que debería estar trabajando en determinado lugar, en realidad “estaba funcionando en un camping”.

“Sobre esa base se está profundizando en la información y se está evaluando tomar una acción penal en la Justicia porque hubo una reunión entre concejales del municipio de La Floresta, donde participó el alcalde —que es una figura muy cuestionada—, donde Uruguay Adelante hizo un informe preliminar, y en ese informe dejaron a la vista varias irregularidades”, aseguró Lereté.

Según el legislador, el concejal Amicone planteó en el Consejo Municipal la posibilidad de elevar el asunto a la Justicia para que tome cartas en el asunto, que generó el apoyo de los homólogos del Frente Amplio (FA), pero el alcalde del municipio, Néstor Erramuspe, “se echó a la retranca”.

“La idea es avanzar en los distintos ámbitos en donde se supone que la alimentación tuvo que bajar, a ver qué es lo que pasó, y después ver quiénes son los responsables de una organización que ofició de nexo entre el municipio y Uruguay Adelante, que se llama Coordinadora de Emergencia Social Entre Arroyos (Cesea), porque toma como referencia el Solís Chico y el Solís Grande, que es toda la jurisdicción del municipio de La Floresta”, comentó.

“Esa ONG está integrada por la edila del Frente Amplio Nirsa Álvarez. Se está indagando si eso es correcto o no, porque estaríamos hablando de la presunción [de conjunción] del interés público y privado. Estamos hablando de una integrante de una coordinadora que tiene su vínculo con el municipio y hace trámites con él, y, por otro lado, es edila departamental que cumple la función de controlar al Ejecutivo”, agregó.

Finalmente, Lereté sostuvo que junto al concejal y el edil procuran recolectar más información para “ver cuál es el camino que se puede adoptar”. El diputado mencionó dos opciones: en el plano político, pedir una comisión investigadora en el ámbito de la Junta Departamental, y por otro, el de la Justicia.

“Acá se pueden estar configurando algunas figuras delictivas; estamos hablando de que se va a buscar alimentación, se levanta y no llega a destinatario, o hay ollas populares que no existen o se les da menos cantidad de lo que tendrían que recibir”, concluyó.

La otra pata

Consultada al respecto, la edila del FA Nirsa Álvarez dijo a Montevideo Portal que las presuntas irregularidades “no son reales” y que el caso “no es así”: “La comida que está llegando de Uruguay Adelante hay que complementarla con los aportes de los vecinos, de los comerciantes y de los sindicatos, porque es absolutamente insuficiente. Esto es horrible, pero bueno, cada vez tenemos más vecinos y niños necesitando y alimentándose de las ollas”, comenzó diciendo la legisladora departamental.

En ese sentido, argumentó que se unificaron algunas ollas porque se necesitan personas que las atiendan, ya sea para pelar o cortar los diferentes insumos alimenticios, y destacó que todo el trabajo que hacen es “solidario”: “O sea que, si no fuera por la solidaridad que tiene nuestro pueblo, eso no era posible. Esta no es una responsabilidad de los vecinos, que lo tomamos y hacemos solidariamente, sino del Estado”, afirmó.

Sobre la olla popular que está ubicada en un camping, Álvarez explicó que esto “hace mucho tiempo es así” porque, ante la cantidad de personas que estaban atendiendo, “se cambió de lugar” y se pidió prestado un camping para “hacer la comida, distribuirla y cubrir” a toda la población que lo necesite.

Consultada sobre Cesea —la coordinadora sobre la cual Lereté ve una eventual conjunción del interés público y el privado—, la edila frenteamplista detalló que “no es una ONG”, sino que, tal como dice su nombre, es “una coordinadora de emergencia social compuesta por todos los vecinos que quieran sumarse”. “Hay, por suerte, mucha gente involucrada y es una sociedad civil; no tenemos nada de vinculación con el Estado ni nada”, aclaró.

Asimismo, remarcó que ella “no diría que oficia de intermediaria”, sino que, como toda organización social, “tiene una comisión que debe de alguna manera llevar adelante las distintas actividades”.

“Es una organización sin fines de lucro y no tenemos ningún tipo de vínculo con el Estado ni con la Intendencia de Canelones. Esto es una organización social, y la Junta Departamental de Canelones no tiene potestades para controlar a una organización social”, insistió.

Finalmente, sobre las reuniones en el municipio y las presuntas irregularidades, planteó: “Por suerte, nuestro Uruguay es libre, democrático; ahora, supongo que si se van a reunir va a ser con pruebas fehacientes, porque una cosa es hablar y otra cosa es tener la documentación que avale lo que uno dice. Yo, sobre lo que digo, puedo dar documentación absolutamente de todo. Lo que hasta ahora he escuchado no es información fidedigna ni creíble y sí rebatible”.