El senador del Partido Colorado Raúl Batlle, hijo del expresidente Jorge Batlle, se refirió este miércoles a la Asamblea General que tendrá lugar en el Parlamento para tratar el levante del veto de tres artículos realizado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a la ley que busca garantizar el cobro de indemnización por despido de los extrabajadores de Casa de Galicia.
El colorado argumentó que dentro de la coalición se hicieron “las cosas mal”, en primer término, porque uno de los que vota junto con el Frente Amplio el levantamiento del veto es Cabildo Abierto.
“Cabildo Abierto es el principal responsable si es que hay un lío en esto, que aparentemente ahora hay que solucionar. Es el principal responsable: era su cartera con su súper ministro [Daniel] Salinas. Fue el que armó el proyecto que todos adherimos y acompañamos porque nos aseguraron que iba a funcionar bien. El proyecto, ahora, parece que no funcionó bien y ahora Cabildo es el bueno de la película votando una cosa que en la coalición todos entienden que no hay que acompañar”, apuntó el legislador en rueda de prensa.
“La coalición entiende que hay que acompañar al presidente. Pero una vez más, un miembro importante de la coalición como Cabildo no lo acompaña. No es la primera. Hay que actuar con responsabilidad”, dijo Batlle, que adelantó que hay senadores del propio Partido Nacional que tampoco van a acompañar al presidente.
En la resolución del veto, el presidente observó los primeros tres artículos de la iniciativa parlamentaria “por razones de constitucionalidad y conveniencia”. A su vez, el veto presidencial plantea tres artículos sustitutivos a los observados.
En sus argumentos, el presidente plantea que la razones para vetar los primeros artículos responden a una violación de los artículos 8 y 86 de la Constitución de la República.
Además, se modifica el monto planteado para el Fondo Especial de Insolvencia de Casa de Galicia, limitándolo a 54.700.000 Unidades Indexadas (UI) —US$ 8 millones—, mientras que se garantizan los créditos laborales a percibir por cada trabajador en 30.000 UI ($ 175.000).
Los montos propuestos por el presidente en los artículos sustitutivos van en línea con el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento.
En cambio, el aprobado en el Parlamento establece que “los créditos laborales referidos en la presente ley se garantizarán hasta por un máximo equivalente a 105.000 Unidades Indexadas ($ 612.000) por trabajador”.