El fiscal Pablo Rivas investigará la aparente reaparición del Comando Barneix, luego de que durante el fin de semana del balotaje varias personas recibieran en sus celulares un mensaje firmado por la organización, en el que, con un tono amenazante, llamaban a votar por Luis Lacalle Pou.
La circulación de esos mensajes motivó que diferentes abogados y profesionales que en el 2017 fueron amenazados por el comando presentaran a la Justicia una ampliación de la denuncia de aquel entonces.
A inicios del 2017, un correo electrónico firmado por el "Comando Barneix" llegó a las casillas del fiscal de Corte, Jorge Díaz, y de la por entonces directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y ex fiscal, Mirtha Guianze.
Ese mensaje lamentaba el suicidio del ex general retirado Pedro Barneix, que se quitó la vida luego de ser procesado por la Justicia por el crimen de Aldo Perrini durante la dictadura, y prometía asesinar a tres personas de una lista de 13 ante cada nuevo "suicidio" de un militar juzgado por crímenes cometidos durante el gobierno de facto.
En aquel entonces, la Justicia se hizo cargo de la investigación, pero a casi tres años del episodio no se ha logrado dar con el origen del mensaje ni del reconocido "Comando Barneix".
El abogado Óscar López Goldaracena dijo este miércoles a Montevideo Portal que la "sofisticación" de los servidores por los que se enviaron los correros hizo imposible rastrearlos.
Si bien estas ampliaciones cayeron en la Justicia, la Fiscalía abrirá una línea de investigación propia, ya que aquella se rige por el viejo Código del Proceso Penal, según informó El Observador¸ y confirmó Montevideo Portal.
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo este jueves al programa Doble Click, de Del Sol, que esto es algo nuevo, porque aquello era dirigido a unas pocas personas vinculadas con los derechos humanos y esto es una "cuestión masiva", una "amenaza clara y directa".
"Preocupa más por el anonimato y la masividad que se distribuye", comentó y añadió que el mensaje "llegó a miles". Díaz explicó que la investigación para llegar al responsable de los mensajes "es un camino tortuoso", pero no imposible.
Por ese mismo camino fue el miércoles López Goldaracena, quien comentó que estas nuevas denuncias pueden ayudar a dar con el origen de la primera amenaza y de esta divulgación de mensajes.
Paralelamente, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) instaron a Uruguay a investigar estas amenazas, y señalan que el Estado "debería tomar medidas para garantizar" la identificación de quien o quienes enviaron esas amenazas "y asegurar la no repetición de los hechos".
Jo-Marie Burt, asesora principal de WOLA, señaló que es "sumamente preocupante" que grupos anónimos apelen al uso de amenazas "con la clara intención de influenciar" el resultado del balotaje.
"El Estado debe tomar medidas firmes para investigar de forma exhaustiva la procedencia de los mensajes y la actuación de este grupo criminal, tarea que Uruguay tiene ya pendiente desde que las primeras amenazas fueron denunciadas en 2017", destacó María Noel Leoni, directora del programa del Cono Sur y Bolivia de CEJIL.