Luego de conocerse la denuncia de Rodrigo Couto, un joven sordo de 32 años, que reclamó ante la Institución de Derechos Humanos (Inddhh) por la falta de un intérprete al realizar un trámite en el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), la entidad financiera emitió un comunicado donde remarcó que realizó gestiones con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para proveer la asistencia.

El banco afirmó además que desde el organismo le brindaron “agenda preferente” a Couto, y que el joven agradeció la coordinación de un encuentro.

“El BHU se ha preocupado siempre por atender a todas las personas de acuerdo a las necesidades de cada cliente. El caso que trascendió a nivel de prensa se gestionó en esa línea, siendo el propio BHU quien obtuvo la participación de un interprete de lenguaje de señas con el Mides, que respondió a nuestra solicitud con prontitud y eficiencia”, señaló el banco en un comunicado.

“La Ley N° 17.378 establece que el Estado deberá contar con interprete de señas. El Banco optó por brindar accesibilidad mediante la coordinación interinstitucional referida y brindó agenda preferente para el señor Couto, quien, luego de cancelar una primer fecha por razones personales, solicitó ser re agendado unas semanas después. Se realizaron nuevamente las coordinaciones y la entrevista finalmente se concretó con la participación de intérprete del Mides, entrevista con accesibilidad que el propio señor Couto agradeció vía mail al BHU”, agregó la institución.

Tras la denuncia de Couto, el Inddhh resolvió que el BHU “vulneró el derecho a la igualdad y no discriminación al negarle el acceso a un intérprete de lengua de señas uruguaya para garantizar su derecho al acceso a la información”.

Pese a esto, desde el banco remarcan que el banco hizo las gestiones pertinentes con el Mides para poder facilitar el acceso a un profesional.

En sus alegatos, el BHU señaló que de acuerdo a su interpretación de los artículos 5 y 7 de la Ley de Lengua de Señas Uruguaya, el organismo “no está obligado a contar con intérprete de lengua de señas, por lo que no estaría incumpliendo la normativa”, según se desprende de la resolución del organismo.