El presidente y el vicepresidente de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), José Pollak y Gustavo Osta, anunciaron que este viernes 20 de octubre harán una denuncia penal en Fiscalía contra la gestión frenteamplista de la compañía estatal. Los denunciantes irán acompañados de su abogado defensor, el doctor Jorge Barrera.
Esta denuncia aparece luego de que a comienzos de setiembre se publicó el informe definitivo de la Auditoría Interna realizada a AFE en la que se encontraron diversas irregularidades con distintos niveles de gravedad en las gestiones anteriores.
Osta dijo a Montevideo Portal que desde que se conocieron los resultados de la Auditoría, que abarcó a todos los gastos vinculados con la gestión de los inmuebles identificados como propios por el organismo, “se empezó a procesar la denuncia que se presentará ahora”. “AFE tiene 1.500 inmuebles y no saben dónde están; se asignaban de manera irregular”, agregó.
“Lamentablemente la auditoría no se pudo hacer antes, pero pensamos que era importante llegar con esta denuncia”, dijo, y ponderó: “Los resultados revelan hechos de apariencia delictiva que, en muchos casos, pueden constituir actos de corrupción vinculados a una administración absolutamente irregular que generó un daño al Estado”.
A continuación, el vicepresidente de AFE detalló que la denuncia se centrará en el contenido que revela el informe sobre la administración de inmuebles. Los denunciantes plasman en el escrito, que será entregado al fiscal Juan Gómez, la demanda por “gastos excesivos derivados de los servicios de vigilancia”.
En este último punto, Osta detalló que hubo “gastos millonarios en dólares con cargo importante en vigilancia. Fueron 25 millones de dólares en 15 años. Con gastos arriba de dos millones de dólares en algunos años pre-electorales, cuando el patrimonio de AFE iba a la baja. Estas son resoluciones ilegítimas tomadas de manera incluso irracional y arbitraria”.
Además del informe de Auditoría, la denuncia tendrá información extra, con la que cuentan los denunciantes. “Hay una presunción de gastos innecesarios y, como dice la Auditoría, riesgo de colusión o acuerdos clandestinos y afectación de patrimonio del Estado”, dijo Osta.
El jerarca agregó que la denuncia se podría ampliar, ya que la gestión actual solicitará extender la auditoría inicial a otras áreas, algo que había anunciado a Montevideo Portal a fines de setiembre de este año.
El también abogado finalizó con una ponderación personal: “Yo creo que fue un desorden intencional, de manera tal que no se pueda controlar. Y son dineros del Estado. Está claro que nadie en su casa haría lo mismo”.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ya había realizado una denuncia penal por los contratos vinculados a la vigilancia de predios.