El nuevo Poder Ejecutivo inició las auditorías prometidas en la campaña electoral. El primer ministerio en ser auditado fue el de Desarrollo Social, y, según publicó El País este domingo, en la primera semana de análisis se encontró una fuga de casi $10 millones por el impago de alquileres de refugios que debían efectuar las ONG's.

Según una investigación del periodista Tomás Urwicz, en una primera aproximación, de los cuatro niveles de auditorías que se planean, encontró ese faltante de dinero por el impago de alquileres.

El Mides les da a las ONG y cooperativas que atienden refugios el dinero para ese pago y para los gastos de funcionamiento, pero unas 15 organizaciones no habrían efectivizado el pago a los propietarios de los locales.

"A priori podría haber una apropiación indebida o una estafa", dijo el director general de Secretaría del Mides, Nicolás Martinelli a ese medio.

Los propietarios de los locales no alertaban del impago porque el Estado terminaba haciendo un "doble reembolso", porque el Ministerio de Vivienda, que era garantía del alquiler, les abonaba el dinero.

Durante este jueves, el director general de la cartera brindó una conferencia de prensa para esclarecer un poco más los hechos. En primer lugar, Martinelli dijo que el objetivo de la conferencia fue el anunciar formalmente el comienzo de las auditorías del Ministerio de Desarrollo Social.

"Como ustedes saben ha sido un compromiso de campaña del presidente de la república y hoy formalmente estamos dando cumplimiento. El objetivo también de esta conferencia, y de los próximos pasos, va a ser darle toda la transparencia y garantía a las diferentes auditorias que se vayan implementando y eso por eso que estamos anunciando el inicio de esto y comunicarle a la ciudadanía que van a contar con todas las garantías de los procesos y la transparencia correspondiente", señaló el director general del Mides.

"Esto arranca la semana pasada con la conformación de una unidad de auditoría interna del propio ministerio. Esa unidad fue creada de un decreto del año 2013, pero que nunca se puso en funcionamiento. La semana pasada, a través de una resolución de este ministerio, le dimos vida. La dotamos de recursos humanos y financieros y el primer objetivo que va a tener por delante es realizar una radiografía de todo el ministerio, para poder saber a ciencia cierta dónde estamos parados al día de hoy", agregó Martinelli en declaraciones recogidas por 970 Noticias de Radio Universal.

Martinelli dijo que con estas "radiografías" arrojarán resultados hacia atrás, pero la idea que tienen desde el ministerio es "pensar hacia adelante" para que esta unidad que fue puesta en marcha "robustezca" la transparencia del ministerio y "permita corregir rumbos y procesos cuando así haga falta".

En este sentido, Martinelli explicó que se han resuelto tres auditorías diferentes. La primera tiene que ver con la auditoría de la Dirección Nacional de Discapacidad (PRONADIS). "Concentrado en lo que tiene que ver con los inmuebles que hoy tiene esa dirección. Saber el estado de esos inmuebles, los ocupantes, conocer las diferentes cuentas bancarias donde van volcados los arriendos que arrojan esos diferentes inmuebles, quiénes son sus arrendatarios y sus ocupantes", aseguró el director general de la cartera. 

En cuanto a la segunda auditoría tiene que ver con los pagos que hace la cartera de Desarrollo Social a las diferentes ONG's que, por lo general, "trabajan con refugios de arrendamientos". "Es decir, el Mides transfiere a distintas organizaciones sociales, en concepto de arrendamiento, una suma, así como transfiere los pagos de las cargas sociales y los diferentes profesionales que trabajan en los refugios y hemos constatado que esos arrendamientos no han sido volcados para el pago de los alquileres", explicó Martinelli.

"Nosotros hemos detectado, en esos primeros pasos que hemos dado en las auditorias, que esas ONG's no han volcado ese dinero al pago del arriendo y, por lo tanto, a primera fase, podría configurarse una suerte de apropiación indebida. Por supuesto que habrá que profundizar en la auditoría, en las investigaciones y después, delimitadas las diferentes responsabilidades, se tomaron otro tipo de acciones", agregó.

Por último, Martinelli afirmó que la tercera auditoría tiene que ver con los pagos y las inscripciones al Banco de Previsión Social (BPS) vinculados al programa Uruguay Trabaja. "En los meses diciembre, enero y febrero no se pagó al BPS y eso generó una deuda de aproximadamente cuatro millones de pesos. También nos interesa auditar ese programa y esos pagos y, por tanto, hemos ordenado una auditoría para hacer una radiografía de los últimos años desde que se inició ese programa", indicó.

En otros asuntos, Martinelli explicó que, simultáneamente con estos procesos, continúa la investigación administrativa de carácter urgente que tiene que ver con el contenedor con insumos médicos hallado en Montevideo. "Esa auditoría continúa. Está próximo a llegar a su finalización y cuando así ocurra, los convocaremos y le estaremos informando cuáles son los pasos a seguir", informó.

Por otro lado, Martinelli informó que están trabajando en la "mejora de los procesos del ministerio". Según informó, el Mides tiene cerca de 56 procesos que van desde "cómo se siguen los pasos que sigue un expediente cuando se tiene que hacer una licitación, una compra directa o hacer un traslado". "Hemos detectado que muchos de esos expedientes tienen enormes demoras, no van a las oficinas a las que tienen que ir, no pasan por el departamento jurídico, del departamento de planificación, de recursos humanos, y eso genera un montón de inconvenientes a la hora de tener que tomar determinadas resoluciones", concluyó Martinelli.

La respuesta de Ana Olivera

La exsubsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y actual diputada por el Frente Amplio Ana Olivera se pronunció en su cuenta de Twitter sobre las primeras auditorías del Poder Ejecutivo en el ministerio. En primer lugar, de las auditorías se encontró una fuga de casi $10 millones por el impago de alquileres de refugios que debían efectuar las ONG. Sobre este punto, Olivera dijo que las deudas de las ONG's fueron informadas por las anteriores autoridades a las actuales. Además, escribió: "A esa fecha se le había hecho denuncia penal a una organización. En febrero se realizó una segunda denuncia penal. En 2018 se creó un sistema de control de la gestión financiera, con apoyo del Ministerio de Economía, que comenzó con las ONG's".

En el segundo punto, Olivera indicó que las cuentas donde se depositan los alquileres no fue tocada en el quinquenio. "La transferencia anual al Bps ronda los 1.500 millones de pesos, y con un contacto permanente de las dos áreas financieras", agregó la actual diputada.

"Sin embargo se 'habla' de posibles futuras denuncias una y otra vez. Por lo político, lo institucional y lo personal seguiremos aclarando. Si hay denuncia penal y un juez nos convoca a declarar, NO voy a acogerme a ningún fuero. ¡No permitamos que la mentira repetida nos gane!", finalizó la exjerarca del Ministerio de Desarrollo Social.