El vicepresidente de Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Marcelo Sosa, brindó una conferencia de prensa, donde dialogó sobre las auditorías que está realizando la administración en los diferentes sectores.

En este sentido, Sosa dijo que "están investigando" y que en algunos casos se elevó una denuncia penal porque, como autoridades, están obligados a denunciar cualquier tipo de indicio de presunto delito. "La ley nos establece esa obligación e incluso sería un delito no hacerlo. Entonces, el directorio ha procedido en forma absolutamente cristalina en estos casos y cuando hay indicios de cualquier ilícito se eleva a la Justicia", aseguró.

En este sentido, informó que obtuvieron los resultados de una auditoría que habían solicitado sobre una empresa que trabaja en el Hospital Pereira Rossell. "Allí, en la anterior administración, una licitación que ya estaba por adjudicarse fue dada de baja", contó el vicepresidente de ASSE en declaraciones consignadas por Radio Montecarlo.

Sosa agregó que se quiso auditar el porqué y se encontraron con que, por una "decisión política" del anterior directorio, no se concedió a la empresa, que estaba recomendada por todos los servicios técnicos. "Debía ser la que debía trabajar en el hospital y se siguió contratando a la que está actuando actualmente y eso trajo un perjuicio económico a la administración que, en un período menor a un año, arrojó una pérdida de unos veinte millones de pesos", sostuvo. 

Con respecto a este tema, Sosa aclaró que los números surgen de una auditoría con un informe que es "definitivo" y que no es algo "preliminar".

Con respecto a las auditorías, el vicepresidente de ASSE dijo que el directorio tiene una decisión unánime de reforzar la dirección de auditorías y trabajar en ese campo porque, según dijo, ASSE es muy "amplio". "Está en todo el territorio nacional, más de treinta mil funcionarios, muchos puestos de atención y unidades ejecutoras y nosotros necesitamos tratar de saber en tiempo real lo que está sucediendo", detalló.

"Entendemos que se deben priorizar los dineros públicos, otro tipo de consideraciones que legítimamente puedan haber tenido las otras autoridades, pero que nosotros tenemos bien claro que vamos a cuidar los dineros públicos y es lo que va a estar priorizando a la hora de tomar una decisión de a qué empresa se le adjudica o a qué empresa termina trabajando en un hospital nuestro", agregó.

Finalmente, consultado sobre las denuncias penales que se hicieron, Sosa explicó que las denuncias fueron puntuales por determinados hechos y explicó hay de varios tipos: "Desde funcionarios que tuvieron una conducta nada adecuada, de funcionarios que falsificaron para presentarse a concurso y la del Hospital Maciel que ya está muy difundida en los medios también", concluyó.