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Audio de charla entre Astesiano y Romano: Fiscalía no halló a responsable de la filtración

El Ministerio Público archivó la indagatoria administrativa que se había diligenciado luego de que se publicara el documento en la prensa.

17.05.2023 11:08

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2023-05-17T11:08:00-03:00
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Montevideo Portal

La Fiscalía de Corte archivó el pasado martes la investigación administrativa que había iniciado para determinar quién había filtrado el audio de la entrevista que había realizado el fiscal Fernando Romano a Alejandro Astesiano cuando este subrogó a Gabriela Fossati en el caso del excustodio presidencial, informó El Observador y confirmó Montevideo Portal con fuentes del Ministerio Público.

En concreto, la Fiscalía no pudo determinar la trazabilidad de quién filtró el audio a la prensa, ya que el acceso al material de investigación lo tienen varias personas, por ejemplo, funcionarios administrativos de la Fiscalía, fiscales, pero también personas ajenas al organismo, como los abogados defensores.

Las fuentes de la Fiscalía explicaron a Montevideo Portal que los datos extraídos pueden trasladarse rápidamente de una fuente tecnológica a otra y que difícilmente pueda ser constatada la autoría. Sin embargo, mencionaron que, por ley, el Ministerio Público está mandatado a que la información sea abierta para las partes del proceso.

En esa línea, las citadas fuentes explicaron que los fiscales tienen la posibilidad de declarar la investigación como reservada y que el acceso a los datos no se concrete: no obstante, eso forma parte de la decisión de cada fiscal. Asimismo, explicaron a Montevideo Portal que a los investigadores (fiscales) no le sirve que se filtre la información de la investigación porque muchas veces termina entorpeciéndola.

Además, en este caso, el hecho de profundizar la investigación y hacerla de corte penal implicaría una eventual pericia de teléfonos y en el caso hay involucrados periodistas, por lo que se estaría atentando contra la libertad de prensa.

En este sentido, explicaron que se habría configurado un delito penal si la filtración hubiera sido por parte de un funcionario público, pero no si la hubiera hecho un abogado defensor.

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