Este jueves 9 de diciembre se celebra el Día Internacional del Laicismo y de la Libertad de Conciencia, de acuerdo a una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Por tal motivo, algunas asociaciones relacionadas con la defensa de estos principios han emitido una declaración pública donde manifestaron su preocupación y denunciaron “los reiterados ataques a la laicidad del Estado por parte de algunos representantes políticos”.
La declaración fue firmada por la Asociación Civil 20 de Setiembre, la Asociación Uruguaya de Libre Pensadores (AULP), la Asociación Civil Trazos y la Asociación Internacional del Libre Pensamiento (AILP).
Las asociaciones reafirmaron “la necesidad de consolidar la institucionalidad democrática, republicana y laica, en el entendido que ella brinda las herramientas para la construcción de ciudadanía, creándose así condiciones para lograr conquistas relacionadas con la emancipación humana y el compromiso consciente de su defensa”.
Por otro lado, señalan que es necesario “mantenerse alertas ante los intentos oportunistas y demagógicos de algunas concepciones religiosas que, a través de diferentes mecanismos, buscan colonizar el Estado, estableciendo de esa forma condiciones de dominación y privilegio, y simultáneamente de segregación hacia otras expresiones de la sociedad que son expresamente excluidas”.
Además, denuncian “la reiterada violación a la laicidad del Estado –en sus instalaciones específicas y en el espacio público- instalando simbología de carácter religioso, utilizándose los recursos financieros públicos –que son de toda la sociedad- para promover a algunas concepciones y simultáneamente segregar a otras, aprovechando la oportunidad de la celebración de las tradicionales fiestas de fin de año”. “Esta flagrante violación a la laicidad y vulneración de derechos de la ciudadanía no contemplada en esa representación simbólica, es protagonizada por numerosos organismos estatales, varios gobiernos departamentales y locales o municipales”, aseguran.
Las asociaciones manifestaron su preocupación por “algunas intervenciones parlamentarias como las del senador Guillermo Domenech (Cabildo Abierto) promoviendo discursos de proselitismo religioso, o el diputado Rodrigo Goñi (Partido Nacional), interponiendo argumentos religiosos en su oposición al proyecto de eutanasia”. “Ambos legisladores tienen derecho –naturalmente- a expresar sus concepciones, pero sin olvidar que sus obligaciones están señaladas en la promesa de toma posesión del cargo que expresamente preceptúan que un legislador debe ´obrar en todo conforme a la Constitución de la República´”, sostienen las asociaciones.
“Preocupan también los ataques a la laicidad del Estado del intendente de Salto Andrés Lima (Frente Amplio), el de Rivera Richard Sander (Partido Colorado), o la intendenta de San José Ana María Bentaberri (Partido Nacional), promoviendo celebraciones religiosas en el departamento, violentando groseramente el art. 5º de la Constitución de la República que establece que ´El Estado no sostiene religión alguna´”, añaden.
En ese sentido, llaman “al sistema político, a los partidos y a los militantes de los mismos, a responsabilidad en la defensa de la institucionalidad republicana y laica. La actual situación se debe, en parte, a la banalización del problema y a la falta de compromiso de las dirigencias partidarias en defensa de estos principios”.
Por último, reafirman “el compromiso en la defensa de la educación pública laica y de calidad, y promoviendo que el Estado no financie a las instituciones educativas privadas, sea en forma directa o indirecta a través de mecanismos de exoneraciones tributarias o de ´renuncia fiscal´”.