La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) se declaró en preconflicto a raíz de la entrada en vigencia del decreto 224/023 del Poder Ejecutivo, que reglamenta el nuevo régimen de licencia y subsidio por enfermedad para funcionarios públicos, comprendido en los artículos 13 a 29 de la Rendición de Cuentas 2021 (Ley N° 20.075).
Tras la reunión de su asamblea general, el gremio resolvió “repudiar” la nueva normativa que “golpea a los trabajadores en los momentos de mayor vulnerabilidad, con un fin exclusivamente recaudatorio y que no analiza las problemáticas de salud de los trabajadores”, según señala el comunicado publicado este jueves.
A su vez, rechazan “la desigualdad de dicha ley y reglamentación instaura entre los funcionarios del Poder Judicial, estableciendo dos categorías de trabajadores”, dado que lo que establece la ley no aplica a juece y defensores públicos.
El gremio anunció que promoverá ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un recurso de inconstitucionalidad sobre los artículos 13 a 29 de la ley, para lo cual se comenzará a recolectar firmas a partir de la próxima semana.
Resolvieron también realizar un paro de 24 horas, sin guardia gremial, en la fecha —aún no definida— que la SCJ incorpore a los funcionarios judiciales al nuevo régimen de subsidios por enfermedad. También facultan a su consejo directivo a “realizar medidas distorsivas” cuando la SCJ resuelva sobre el criterio de aplicación de la ley.
Realizarán acciones de propaganda contra la nueva normativa en todas las oficinas judiciales del país y “a nivel de la prensa”.
En su declaración exigieron “ámbitos de negociación al más alto nivel” en el Poder Ejecutivo y el Legislativo, así como en la SCJ, “con la finalidad de contemplar la especificidad del Poder Judicial”. El gremio hará un pedido de acceso a la información pública para acceder a los datos de certificaciones médicas en el Poder Judicial, ante la SCJ y el Banco de Previsión Social.
Además, señalaron que coordinarán acciones con el resto de las agrupaciones judiciales y “demás trabajadores públicos afectados por la ley”.