Directivos de la Asociación de Abogados Penalistas realizaron el pasado martes una reunión en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) que forma parte de una serie de reuniones que la asociación viene teniendo con distintas agremiaciones de los operadores jurídicos.
Han tenido encuentros con la Asociación de Magistrados del Uruguay, la Asociación de Fiscales, la Asociación de Defensores de Oficio y el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, para expresar su preocupación por "las debilidades en la aplicación del Nuevo Código del Proceso Penal y la vulneración de los derechos de los justiciables".
El abogado Gúmer Pérez, directivo de la asociación, dijo a Montevideo Portal que "el sistema de prisión preventiva no está funcionando" y "lo que en el código iba a ser la excepción se está convirtiendo en la regla".
"Si bien hay más presos que ya saben su condena, que antes no había con el código viejo, hoy tenemos mucha más gente en prisión preventiva. Se invirtió la pirámide", agregó.
Pérez sostuvo que en la reunión con autoridades del INR les informaron del estado de las cárceles. "Hay 13 mil presos al día de hoy, el nivel de prisionización supera ampliamente los niveles de saturación en cuanto a las capacidades de las cárceles", comentó. "Hay que implementar mejoras del Código Penal y buscar salidas alternativas", aseguró.
Desde la Asociación de Abogados Penalistas realizarán un taller en conjunto con el INR "para tratar de colaborar en algunas cosas, por ejemplo para que funcione mejor el traslado de presos", dijo Pérez.
"El objetivo nuestro es que no terminen los justiciables aceptando delitos para que hagan un pacto (en proceso abreviado) con total de salir rápido, porque la utilización del proceso abreviado se desnaturaliza (se usan sin un fin como el que se pretende) puede ser que un formalizado vaya a un penal grande", comentó el abogado. "Es decir, una persona que hizo una estafa puede estar en el mismo penal que alguien que cometió una rapiña, por ejemplo", agregó.
El abogado penalista cree que "se está utilizando la prisión preventiva como un abuso excesivo de las medidas cautelares, para que una persona confiese ciertos delitos cuando no está en un juicio". "Mientras no haya sentencia a la persona le rige el principio de inocencia", aseguró Pérez. "Hay casos insólitos de prisiones preventivas de ocho horas, cinco días o 48 horas. Es muy gravoso para las personas detenidas enfrentarse a un sistema carcelario y buscan salir en un acuerdo abreviado, pero esta no es la solución", sostuvo.
"Queremos evitar que el sistema penitenciario implosione y se transformen en sistemas donde a las personas se las va devorando", añadió.