Así es como las luchas por la frontera ocasionaron divisiones en la Casa Blanca

Por The New York Times | Zolan Kanno-Youngs, Michael D. Shear and Eileen Sullivan

WASHINGTON — El presidente estadounidense, Joe Biden, estaba furioso.

Apenas llevaba dos meses en el cargo y ya había una crisis en la frontera suroeste. Miles de niños migrantes se encontraban hacinados en estaciones insalubres de la Patrulla Fronteriza. Los republicanos acusaban a Biden de abrir las fronteras de par en par. Y sus asesores se culpaban entre sí.

Biden llegó al cargo con la promesa de desmantelar las políticas migratorias del expresidente Donald Trump, a las que calificó de inhumanas. Pero, hasta ahora, durante gran parte de su presidencia, la Casa Blanca ha estado dividida por furiosos debates sobre la manera, y la conveniencia, de proceder ante la oleada de migrantes que cruzan la frontera suroeste.

Los asesores de alto nivel no han coincidido en lo que respecta a la rapidez con la que se deben retirar las políticas más restrictivas ni con lo que se podría implementar para sustituirlas.

Ahora Biden es objeto de ataques desde todos los frentes: los activistas migratorios que lo acusan de no dar prioridad a los derechos humanos de millones de inmigrantes; los conservadores, para quienes las oleadas personas en la frontera son una prueba de la debilidad e ineficacia del presidente, así como algunos demócratas moderados que ahora temen que el levantamiento de las restricciones fronterizas de la era de Trump pueda perjudicarlos políticamente.

Este análisis de la gestión de la frontera por parte del gobierno de Biden en los últimos 15 meses se basa en entrevistas con 20 funcionarios, legisladores y activistas actuales y anteriores, la mayoría de los cuales solicitaron el anonimato para hablar de las deliberaciones privadas.

Biden llegó a la presidencia con grandes esperanzas y dijo que quería un sistema que permitiera a Estados Unidos determinar, de forma más compasiva, a qué migrantes se les daría asilo en el país. Reclutó a un equipo de defensores de los migrantes y a otras personas deseosas de poner en marcha el sistema compasivo que habían imaginado durante años. Sin embargo, la lentitud de los cambios ha hecho que algunos de los aliados de Biden duden de su compromiso y se pregunten si está más interesado en evitar que este tema tan cargado domine su presidencia.

Casi todos los asistentes que se incorporaron al principio de su gobierno se han ido de la Casa Blanca, frustrados por lo que describen como peleas constantes con algunos de los asesores más veteranos del presidente sobre la conveniencia de levantar las políticas de la era de Trump. Hasta algunos de los asistentes de Biden más partidarios de la aplicación de la ley se han marchado.

Debates y enfrentamientos

Ron Klain le hizo una advertencia a su personal el verano pasado.

Klain, jefe de personal de la Casa Blanca, reunió a los principales asesores, incluida Susan Rice, la asesora de política interior del presidente; Elizabeth Sherwood-Randall, la asesora de seguridad nacional, y Amy Pope, la principal asesora de migración. Klain les dijo que debían asegurarse de que el gobierno no estuviera complaciendo a las personas que querían el fin inmediato de las restricciones fronterizas establecidas durante el mandato de Trump.

Si no encontraban una manera de frenar el aumento de los cruces ilegales en la frontera suroeste, dijo, las acusaciones sobre el caos fronterizo empeorarían, enfurecerían a los votantes moderados y podrían hundir al partido durante las elecciones intermedias de 2022.

A medida que aumentaban los cruces fronterizos, estallaban los desacuerdos sobre la rapidez con la que había que desmantelar las políticas antimigratorias de Trump y con qué sustituirlas.

Un número inédito de migrantes, entre los que se encuentran personas expulsadas de sus hogares en Centroamérica por las consecuencias de la pandemia en la economía, las pandillas y las catástrofes naturales, acudieron a la frontera el verano pasado, en parte atraídos por la promesa de Biden de adoptar una postura menos dura con respecto a la inmigración que la de su predecesor. En julio de 2021, se detuvo a unos 214.000 inmigrantes, la primera vez que se arrestó a tanta gente en un solo mes en más de dos décadas.

Biden ha tomado una serie de medidas para revertir las políticas de su predecesor. Detuvo la construcción del muro fronterizo, creó un grupo de trabajo para reunir a las familias separadas en la frontera y revocó la prohibición de Trump de considerar la violencia doméstica o la violencia de las pandillas como base para el asilo. Además, propuso una legislación de gran alcance para revisar el sistema migratorio del país, que se encuentra estancada en el Congreso.

A pesar de estas acciones, las luchas internas entre los asesores del presidente continuaron.

Xavier Becerra, secretario de Salud y Servicios Humanos, cuyo departamento gestiona los albergues para niños migrantes, dijo que el Departamento de Seguridad Nacional debía ser más agresivo a la hora de rechazar a los adolescentes mayores, lo que habría cambiado la política de Biden de dejar entrar en el país a todos los menores migrantes no acompañados. Rice afirmó en repetidas ocasiones que Becerra debería proporcionar más refugios. Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional, dijo que el Departamento de Salud y Servicios Humanos debía trasladar a los menores con mayor rapidez fuera de las estaciones hacinadas de la Patrulla Fronteriza.

Durante meses, los asistentes discreparon en torno a una iniciativa destinada a acelerar el análisis de los casos de asilo en la frontera, que permite a los funcionarios de inmigración resolver las solicitudes en lugar de enviarlas a los jueces saturados de casos.

Algunos de los antiguos defensores de la inmigración en el ala oeste, incluida la adjunta de Rice en materia migratoria, Esther Olavarría, temían que acelerar la implementación de las nuevas reglas limitara el debido proceso de los migrantes. Rice, Klain y otros argumentaron que agilizar el procesamiento de las solicitudes (y deportar sin demoras a los inmigrantes que no obtuvieran el asilo) era una manera importante de aligerar la carga del sistema y disuadir los cruces irregulares.

Biden se molestó por el retraso en la implementación de los cambios en el sistema de asilo. En las reuniones sobre el tema con sus principales asistentes, preguntaba con frecuencia qué recursos y financiamiento necesitaba el equipo de antiguos defensores y veteranos migratorios para la política.

El gobierno no dio a conocer el texto definitivo de la nueva política sino hasta el mes pasado. Y debido a los problemas de personal y financiamiento, el plan se pondrá en marcha de manera gradual y con retraso para ofrecer una ayuda significativa con el esperado aumento de los migrantes que buscan asilo a finales de esta primavera.

Uno de los debates más tensos dentro del ala oeste durante el último año ha sido qué hacer con la política de Trump de “Permanecer en México”, que obligaba a los migrantes que solicitaban asilo a esperar al sur de la frontera hasta que se decidieran sus casos. Los defensores de los derechos humanos denunciaron las condiciones en México, donde los migrantes a menudo permanecían en campamentos miserables.

Como candidato, Biden había condenado el programa. Una vez en el cargo, lo eliminó de inmediato. Pero era un programa que había sido eficaz para mantener a algunos migrantes fuera de los centros de detención fronterizos.

Tensiones y partidas

Las peleas intestinas por la cuestión migratoria no se han limitado a las agencias de inmigración.

El verano pasado, en una reunión, los funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeron a los principales asistentes de Biden que no había claridad sobre las razones de salud pública para mantener la frontera cerrada a la mayoría de los migrantes.

El gobierno de Trump había aprovechado el Título 42 del código de salud pública para justificar el rechazo de la mayoría de los migrantes en la frontera. Cuando Biden llegó a la presidencia, declaró que no aplicaría la política a los menores no acompañados, lo cual supuso un cambio con respecto al gobierno anterior. En la práctica, también se dejó entrar a Estados Unidos a muchas familias a pesar de la política.

En privado, a Rice, Klain y otros les preocupaba que la eliminación de la restricción motivara la llegada de más migrantes a la frontera suroeste. Los funcionarios de la Casa Blanca también argumentaron que el Título 42 era necesario para evitar la propagación de la enfermedad a lo largo de la frontera.

Los asistentes de la Casa Blanca tampoco llegaron a un consenso sobre la necesidad de vacunar a los migrantes a los que se les permitiera el ingreso a Estados Unidos. El verano pasado, Rice y otros bloquearon un plan para administrar la vacuna contra el coronavirus, ya que temían que alentara a más migrantes a dirigirse a la frontera en busca de la vacuna, que era lo último que querían algunos asistentes, en particular Rice.

Las luchas en el seno del gobierno hicieron mella en el personal.

En enero, Olavarría, conocedora de décadas de debates sobre inmigración en Washington y feroz defensora de los migrantes, renunció a su puesto como adjunta de Rice. También se marchó Tyler Moran, quien fungió como asesor principal de Biden para temas migratorios y había trabajado en las políticas migratorias del presidente Barack Obama y del senador de Nevada Harry Reid. Andrea Flores dimitió como directora de gestión de fronteras en el Consejo de Seguridad Nacional en otoño de 2021.

Dos expertos veteranos en inmigración que habían aceptado encargos de corta duración (Pope, exfuncionario de la administración Obama, y Roberta Jacobson, quien fue embajadora de Estados Unidos en México) se marcharon al cabo de unos meses. Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, David Shahoulian, que actuaba como intermediario de la Casa Blanca, se fue en septiembre.

A comienzos de abril, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades por fin anunciaron que levantarían las restricciones fronterizas en materia de salud pública el 23 de mayo, en la época del año en que suele aumentar la migración.

Pero este mes, el tema del Título 42 recobró fuerza cuando los republicanos y algunos demócratas del Congreso bloquearon el financiamiento destinado a la COVID-19 en protesta por la decisión del gobierno de levantar la norma sanitaria. Susan Rice, encargada de la política interior de la Casa Blanca, se dirige a una conferencia de alcaldes en Washington, el 14 de marzo de 2022. (Doug Mills/The New York Times) El presidente Joe Biden sale de la Casa Blanca en Washington, el viernes 18 de marzo de 2022. (Sarahbeth Maney/The New York Times)