La obra de la construcción de la segunda planta de UPM en Durazno sigue parada y en conflicto, después de que la asamblea de los trabajadores se negará a votar el preacuerdo alcanzado en la negociación bipartita.

Aunque las razones de disputa entre trabajadores y empresas son tres, hay un punto en particular que los trabajadores agremiados no aprueban.

La paralización de las obras se dio luego de que una trabajadora de la construcción denunció a un capataz de una empresa subcontratada (TGLT) que trabajan en la obra por "persecución sindical". TGLT tiene 100 empleados operando en la obra.

En diálogo con Montevideo Portal días atrás, el secretario general del Sindicato único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), Daniel Diverio, dijo que hubo una "presión importante" a la trabajadora mujer por parte de un capataz, que incluso reconoció "iba a probar hasta dónde aguantaba".

Fuentes vinculadas a la negociación, indicaron que los otros dos puntos del conflicto fueron arreglados, mientras que en el caso del capataz, la empresa argentina estableció que el mando medio deje de trabajar en la obra temporalmente y reciba cursos de capacitación sobre manejo de personal durante 15 días para volver a ocupar su puesto.

Sin embargo, a pesar del preacuerdo alcanzado el domingo, el Sunca está en contra de que el capataz denunciado vuelva a trabajar en la obra.

Previo a la asamblea, el representante nacional del Sunca Javier Díaz manifestó frente a decenas de trabajadores que "el capataz se va".

"No estamos para echar a nadie. Lo que no vamos a permitir y vamos a desterrar son estas prácticas de este centro de trabajo y de todos los centros de trabajo que sean necesarios. El capataz se va. Se va él y su práctica. Según la empresa, lo va a mandar a capacitarse en un curso de relaciones laborales y de conflicto. Está bien, no nos interesa tampoco tirarle el problema a otros compañeros. No queremos que se vaya un acosador de este centro de trabajo y que vuelva a otro con las mismas prácticas", afirmó Díaz.

Parte del preacuerdo incluía también la generación de una comisión para seguir los tres casos que provocaron la paralización de la obra, que será compuesta por representantes de UPM, del Sunca y del ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Actualmente hay alrededor de 300 empresas y 5.300 trabajadores asociados al proyecto de UPM.