Artigas: ediles del PN no dieron cuórum para investigación y colorado los escrachó en vivo

Ayer, en la última sesión de la Junta Departamental de Artigas, se produjo un hecho fuera de lo común.

Según consignara el medio local Info Artigas, durante la jornada se pretendía votar el envío de un pedido al Tribunal de Cuentas para que se lleve a cabo una investigación por el sonado caso de las horas extras en la Intendencia, situación que meses atrás generó un escándalo que involucró a familiares del intendente Pablo Caram.

Sin embargo, la iniciativa no se pudo votar porque la mayor parte de la bancada del Partido Nacional no ingresó a la sala y no se logró el cuórum.

Enojadísimo, el edil colorado Pablo Argañaraz echó mano a su celular para registrar el episodio.

“Miren el Partido Nacional dónde está”, dijo, mientras filmaba los sillones vacíos del sector oficialista. “Este es el partido de Aparicio Saravia, de Wilson; así está la junta”, añadió en el video que fue recogido por el citado medio.

“Los ediles de Bella Unión vinieron, cobraron el viático y están comiendo enfrente”, criticó mientras filmaba las plazas desocupadas y nombraba a los ausentes.

“Seguro que [los ocupantes de] estas bancas vacías van a estar en la fiesta de la Junta. Cuando hay chupi chupi y piqui piqui, están”, aseguró.

Sueldo a un presidiario

En las últimas horas, el edil colorado también puso en evidencia una presunta irregularidad en el seno de la comuna artiguense. Se trataría de un funcionario del área de Talleres que lleva 18 meses en prisión. A pesar de su reclusión, la comuna no solo continuó pagándole su sueldo, sino que, según Argañaraz, ya le ha abonado más de $500.000 pesos en total.

“Es inconcebible que la Intendencia haya estado pagando a un empleado que lleva 18 meses en prisión. Esto no solo evidencia un descontrol administrativo, sino también una falta de responsabilidad alarmante”, dijo el curul artiguense en declaraciones a Crónicas del Este, medio que añade que, tras conocerse el hecho, la Intendencia emitió una intimación con el fin de que el recluso reintegre los dineros cobrados de manera ilegítima.