La arena política se agitó esta semana por los avances en la “causa de las horas extras”, que se investiga desde hace meses en el departamento de Artigas. Tal como informáramos, en las últimas horas la Justicia condenó al intendente Pablo Caram; a su sobrina, la hasta hace unos días diputada Valentina dos Santos, y a Rodolfo Caram, primo del jefe comunal.

De momento todavía se discute si los dos primeros están habilitados para ejercer cargos públicos —Dos Santos pretendía asumir el gobierno departamental— y quién quedará a la cabeza de la Intendencia de Artigas.

En ese contexto, el sector frenteamplista Vertiente Artiguista (VA) emitió un duro comunicado, en el que considera que “los graves acontecimientos acaecidos en el departamento de Artigas [...] afectan principios éticos fundamentales y erosionan la credibilidad en la política y en el sistema democrático”.

Según la agrupación política, las acciones “constatadas por el Ministerio Público y admitidas ante la justicia por jerarcas departamentales y dirigentes políticos pertenecientes al Partido Nacional constituyen hechos muy graves que, más allá de su tipificación y la determinación de penas correspondientes, implican la necesidad de una condena pública por parte del sistema político y la ciudadanía toda”.

El texto señala que “estas prácticas delictivas y corruptas, mal amparadas en el ejercicio de responsabilidades de gobierno, deben ser fuertemente repudiadas” y que “lejos de ser hechos aislados o circunstancias puntuales”, forman parte de “una manera sistemática de hacer política clientelar y feudal en el gobierno departamental, que se ha practicado a vista y paciencia de la ciudadanía que debió tolerar y padecer por necesidad durante años, esas prácticas inadmisibles en cualquier ámbito democrático y civilizado”.

Además, recuerda que el Frente Amplio en general y la VA en particular “han venido denunciando esas prácticas ilegales, y proponiendo iniciativas legales que limiten el poder discrecional de los viejos caudillos políticos en sus entornos locales. Iniciativas como la de trasparencia de ingreso a la administración municipal, la que recientemente fue bloqueada por no haber sido acompañada por la bancada del Partido Nacional”.

Asimismo, entiende que “lo dispuesto por el articulo 80 numeral 4) de la Constitución determina la inhabilitación de los imputados para ocupar ningún tipo de cargo público por el tiempo que duran sus condenas, al quedarle suspendida la ciudadanía”, y que “más allá de esa inhabilitación constitucional, y por encima de ella, debe tener como consecuencia generalizada la inhabilitación ética y moral, visto la admisión de culpa que emana de los fallos judiciales”.

Para la VA, la inhabilitación mencionada “aplica especialmente al señor Pablo Caram y a la señora Valentina dos Santos”, y en ese sentido adelanta que permanecerá “activa y vigilante” en procura de que “esas inhabilitaciones se efectivicen”, objetivo para el que se recurrirá “a todos los mecanismos legales, políticos e institucionales que se entienda del caso poner en juego”.

Posteriormente, el comunicado enfatiza “las responsabilidades políticas implicadas en estos hechos”, algunas de las cuales considera “de particular relevancia” y que, pese a ello, “no se han expresado, siendo el silencio el peor de las respuestas”.

En ese sentido, apunta especialmente al Partido Nacional en su conjunto, “que ha respaldado y acompañado la gestión del intendente Caram estando en conocimiento de estas denuncias desde largo tiempo atrás, admitiendo por acción o por omisión” los hechos que derivaron en las condenas mencionadas, situación ante la que “no ha manifestado más que tomar conocimiento de las eventuales renuncias de dos de los jerarcas condenados y el pedido de pasaje a comisión de ética de un tercero, sin emitir pronunciamiento alguno”.

Por ello, la VA exige “un pronunciamiento categórico de condena por parte de la fórmula presidencial del Partido Nacional”, dado que “los jerarcas condenados y sus agrupaciones forman parte de su círculo más cercano de apoyo político y partidario, y no podemos minimizar los hechos llamándolos irregularidades”.

Texto adelante se señala también la responsabilidad del presidente Lacalle Pou, “quien manifestó una y otra vez su confianza y respaldo a la gestión del señor Caram y que, de acuerdo a trascendidos que se efectuaron ante la Junta Departamental de Artigas, habría llamado a ‘blindar’ al exintendente Caram frente a las actuaciones e investigaciones judiciales de que fuera objeto”.

Luego, la misiva extiende el pedido de responsabilidad a la totalidad de los integrantes de la coalición de gobierno: “Es imprescindible que ellos, asumiendo su responsabilidad, se pronuncien y condenen las prácticas corruptas y delictivas que han quedado probadas”.

Finalmente, la VA “entiende que el conjunto de las fuerzas políticas democráticas debe formalizar un acuerdo que determine que este tipo de prácticas corruptas y clientelares resultan inadmisibles y que de llevarse adelante deben ser objeto de las más graves consecuencias”.

“Es hora de duras sanciones políticas, judiciales, condena ética y que asuman su responsabilidad en la coalición de gobierno”, concluye el envío.