Artigas: Pablo Caram fue condenado por omisión de denunciar delitos de funcionarios

La Justicia condenó este martes, tras un proceso abreviado, al intendente de Artigas, Pablo Caram, por el delito de omisión de denunciar delitos de funcionarios departamentales por el caso de las horas extras, una obligación para los funcionarios públicos. 

Según informó Fiscalía, la Justicia determinó 14 meses de prisión con libertad a prueba para el jerarca departamental. Deberá cumplir además dos horas de tarea comunitaria por semana durante cuatro meses.

La condena de este delito no impide que Caram siga ejerciendo el cargo de intendente de Artigas.

La Fiscalía de 2° Turno de Artigas llevó a cabo la investigación, que indagó a Caram; al exsecretario general del departamento, Rodolfo Caram; al director de Hacienda, Juan Guruciaga, y a otros jerarcas departamentales, como el actual secretario general, Emiliano Soravilla. 

Según había podido establecer el Ministerio Público, en el último tiempo la Intendencia de Artigas pagó US$ 8 millones por concepto de horas extras. Esto llamó la atención en el ámbito político local, lo que provocó una serie de denuncias en contra de las autoridades. 

Hasta el momento, el presunto modus operandi que se pudo establecer es que los funcionarios eran “incitados” por sus máximos jerarcas a sacar préstamos bancarios, bajo la promesa de que los pagarían a través del acceso a horas extras, las que no se traducían en más tiempo de trabajo. Resta establecer cuál era el destino del dinero de los créditos otorgados, explicó una fuente judicial a Montevideo Portal el pasado 19 de febrero.

Tras un proceso abreviado, este martes la Justicia también condenó al exsecretario general de la Intendencia de Artigas Rodolfo Caram, primo del intendente, y a su pareja por la causa sobre el pago irregular de horas extras.

Fiscalía informó que la condena fue por un “delito continuado de fraude” para la mujer como autora, y como coautor a Caram. En esta línea, se dispuso una pena de 24 meses de prisión, que será sustituida por libertad a prueba con 10 meses de trabajo comunitario, a cumplirse con cuatro horas por semana.

A ambos se les dispuso también la inhabilitación durante cinco años para ejercer “cargos u oficios públicos” y una multa de 1.000 unidades reajustables ($ 1.724.290) para cada uno.