Después de que el Senado aprobara este martes la Ley Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual, que deberá volver a Diputados tras un aditivo incorporado, varias voces criticaron lo votado por los legisladores del oficialismo.
Además de los cuestionamientos de la oposición —por haber ingresado el proyecto de forma grave y urgente al pleno—, la Asociación de Prensa Uruguaya (APU) emitió un comunicado este miércoles en el que manifestó su “rechazo y preocupación” por la normativa votada que “violenta libertades de expresión y de prensa, en medio de la campaña electoral”.
“APU expresa su más absoluto rechazo a la intempestiva decisión de la coalición gobernante de promover la aprobación exprés de una ‘ley de medios’ que viola la libertad editorial y las libertades de expresión y de prensa, consagradas por la Constitución de la República y por convenios internacionales de larga data”, comienza la misiva del sindicato.
A su vez, APU cuestionó que “no se hayan respetado los tiempos políticos y de coordinación mínima entre los partidos”, lo que, según el gremio, afecta de forma preocupante la “convivencia democrática”.
“Esta legislación condiciona las expresiones que los ciudadanos realicen sobre partidos, políticos y gobernantes, lo que constituye un ataque liso, llano y director a la libertad de expresión. El Estado uruguayo, con la sola voluntad de una mayoría legislativa circunstancial, se arroga la potestad de incidir en los contenidos de los medios de comunicación en el contexto de una campaña electoral que hay ha mostrado episodios inéditos y gravísimos”, apunta el comunicado.
El aditivo en cuestión también generó cuestionamientos de otros líderes de opinión, como el economista socio de Exante, Pablo Rosselli, el periodista especializado en economía Federico Comesaña y el abogado especializado en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) Martín Bueno, entre otros.
“La coalición no se da cuenta de la gravedad de esta norma. Mete a todo el sistema privado, bajo un sistema de limitaciones a la libertad. ¿Quién define que es ecuánime? Un burócrata, con sellos y sanciones. Y ese burócrata depende del gobierno de turno, un desastre”, opinó Bueno.
Rosselli indicó sobre el artículo que es “totalmente contrario a libertad de expresión y a los valores republicanos”.
“Un artículo autoritario y sorprendente”, concluyó.
En el caso de Comesaña, el periodista afirmó: “El día que este artículo se haga ley, vamos a estar un paso más cerca de la Venezuela que todos los senadores que lo aprobaron, se llenan la boca condenando. Triste, sorpresivo y repugnante desenlace de una Ley de Medios que era pésima y va a terminar siendo infinitamente peor”.
También se expresó al respecto el ex relator de Libertad de Expresión de la CIDH e integrante del gobierno de la Intendencia de Canelones Edison Lanza, quien cuestionó: “Nunca pensé que vería en Uruguay una norma legal que impone la obligación de hacer periodismo de determinada manera. Muy serio y grave. Si se aprueba el periodismo queda condicionado al regulador”.
Cainfo y el Pit-Cnt
Por su parte, el Pit-Cnt también emitió un breve comunicado este miércoles en el que catalogó la iniciativa aprobada como que salió “sin discusión alguna, urgente y a escondidas”.
“Avasallan al Parlamento otra vez, sin discusión, apremiados por los intereses de empresas privadas, en defensa de sus amigos y en detrimento de la población que dicen defender. El regalo a los grandes medios de comunicación en tiempos electorales es obsceno y sin pausa”, apuntó la central sindical.
En la misma línea, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) señaló que la ley aprobada (que debe volver a Diputados) es “regresiva” y plantea el control de medios de comunicación.
“El Estado uruguayo comenzará, en plena campaña electoral, a incidir en los contenidos de los medios de comunicación, luego de la aprobación de una nueva ley de medios por parte del Senado este martes 14 de mayo. Se votó con los 16 legisladores de la coalición de gobierno en sala y la ausencia de la oposición. Con esta reforma, se concreta un retroceso significativo en materia de derechos humanos, con la aprobación de un marco regulatorio contrario a los estándares interamericanos de libertad de expresión, lo cual tendrá, entre otras consecuencias, el aumento de la concentración y el blanqueo de la situación actual de varios grupos mediáticos, extranjerización de la propiedad de los medios de comunicación, y la eliminación de la participación pública y control ciudadano en los procesos de adjudicación de frecuencias”, consignó la organización civil.
El artículo cuestionado
La coalición gobernante aprobó con 16 votos a favor este martes en el Senado la ley de medios que ya había sido aprobada en la Cámara de Representantes, que consta de 95 artículos.
Sin embargo, por iniciativa de Cabildo Abierto que negoció su aprobación se añadió el aditivo que ha generado polémica y críticas en las últimas horas.
El artículo en cuestión establece: “Los ciudadanos tienen el derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada. Los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos. Esta obligación comprende a todos los programas y espacios en que se emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término, incluyendo contenidos de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo, administrativo, parlamentario, jurídico, académico y electoral”.
Y finaliza: “Quedan exceptuados de esta disposición los programas o espacios de comunicación de partidos políticos, agrupaciones partidarias, instituciones universitarias y académicas públicas y privadas, sindicatos, asociaciones estudiantiles, cooperativismo, centros comerciales, organizaciones rurales, cámaras empresariales, agrupaciones profesionales y otras fuerzas sociales de la República”.
El accionar político del oficialismo al ingresar el proyecto sin discusión previa provocó la reacción del Frente Amplio, que resolvió que no participará más de la coordinación interpartidaria con la coalición de gobierno.
“Esta es una decisión de la bancada del FA que intenta mostrar y ejemplificar hasta qué altura se rompieron hoy los códigos de relacionamiento entre los partidos”, graficó el senador de Asamblea Uruguay José Carlos Mahía en rueda de prensa.
Los senadores del FA no volvieron a entrar a sala después de un cuarto intermedio y el proyecto finalmente se aprobó solamente con los votos de la coalición. El aditivio fue incorporado en el proyecto de ley de servicios de difusión de contenido audiovisual en el artículo 72.