El gobernador del estado de Espírito Santo, Renato Casagrande, adelantó a través de sus redes sociales que la detención se produjo esta madrugada y explicó que el equipo de seguridad proporcionará los "detalles de la operación" a lo largo del día.
"Que sirva de lección para quien insiste en practicar un crimen brutal, cruel e inaceptable de esa clase", señaló el gobernador en su cuenta de Twitter.
El presunto violador, de 33 años, fue arrestado en el estado vecino de Minas Gerais, sería el tío de la víctima y, según denunció la niña, cometía los abusos sexuales desde al menos hace cuatro años.
El caso que conmocionó a Brasil salió a la luz la pasada semana, después de que la pequeña acudiera a un hospital de la localidad de Sao Mateus, en el interior de Espírito Santo (sureste), con fuertes dolores abdominales y fuera constatado su embarazo de cerca de tres meses.
El pasado viernes, la Justicia brasileña autorizó que la menor fuera sometida a un procedimiento de interrupción del embarazo, permitido en Brasil solo en casos de violaciones, si la gestante corre riesgo de muerte o cuando el feto presenta anencefalia.
Para el procedimiento, que fue concluido la víspera, la niña fue trasladada a un hospital de la ciudad de Recife, capital del estado de Pernambuco (nordeste), después de que un equipo médico de su estado natal rechazara practicar el aborto.
El eco del mediático caso también reavivó la polémica sobre el aborto en Brasil, un país que cuenta con una restrictiva legislación para esa práctica.
Diversos activistas a favor y en contra de la práctica se concentraron el pasado domingo en las afueras del hospital donde tuvo lugar el procedimiento y, algunos grupos religiosos, incluso intentaron irrumpir en la maternidad del centro médico mientras vociferaban que el médico y la paciente eran "asesinos".
Pese a que se trata de un proceso que corre bajo secreto de justicia, la dirección del hospital fue conocida tras ser filtrada por la ultraderechista Sara Giromini, quien se hace llamar "Sara Winter" y se encuentra bajo libertad vigilada debido a las acusaciones de "graves injurias y amenazas" contra la Corte Suprema que pesan en su contra.
Giromini divulgó además en las redes la identidad de la niña, lo que puede configurar un delito penal y por lo que la Justicia determinó que todas las publicaciones fueran excluidas.
Por su parte, la Fiscalía regional de Espírito Santo abrió una investigación por la supuesta presión de grupos religiosos, tanto evangélicos como católicos, para intentar persuadir a la familia de la menor para que no se realizase el aborto.
Con información de EFE