La vicepresidenta Beatriz Argimón dijo durante una rueda de prensa que está en contra del proyecto presentado por una diputada de Cabildo Abierto para prohibir el uso del lenguaje inclusivo.
“A mí me parece que esos temas los adopta o no la gente. Me gusta que cada uno esté en libertad de usarlo o no. Yo no estoy de acuerdo mucho con las prohibiciones”, dijo Argimón, según consignó Canal 5.
“No estoy de acuerdo con las prohibiciones en general. Me parece que la gente, si se identifica con algo, lo usa, y si tiene de alguna manera arraigo será porque la sociedad lo acepta”, respondió al ser repreguntada acerca de que era una propuesta de Cabildo Abierto.
El proyecto de ley fue presentado en abril de 2022 por la diputada Inés Monzillo. Según la ficha parlamentaria del texto, la iniciativa todavía no tuvo mayores avances ni discusiones en la primera cámara.
El texto consta de tres artículos. “Se prohíbe en toda la Administración Pública y en los institutos de enseñanza públicos y privados de educación inicial, básica, media y superior, el uso de alteraciones gramaticales y fonéticas que desnaturalicen el idioma español”, dice el primero de los artículos.
El segundo artículo ubica en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) el control de “el uso correcto y adecuado del idioma español dentro de los centros de enseñanza públicos y privados”.
Y el tercero dice que, en caso de constatar una eventual violación a lo dispuesto en el primer artículo, el MEC deberá pedir a la institución correspondiente que inicie un procedimiento disciplinario. “La libertad de cátedra no podrá ser invocada como eximente al incumplimiento de lo dispuesto por la presente ley”, finaliza el proyecto de ley.
En la exposición de motivos del proyecto de ley, la diputada Monzillo se manifestó convencida de que la eventual ley “tendrá un impacto positivo en la educación nacional y promoverá el uso correcto, oportuno y adecuado del lenguaje dentro de las aulas de clase, impidiendo que las ideologías contaminen mediante el lenguaje la educación de los niños y adolescentes, y evitando que de este modo se coarte o restrinja el derecho preferente que tienen todos los padres y madres de educar a sus hijos según los valores y principios que estimen pertinentes”.