Argimón se reúne con presidentes de BPS y Anep por suspensión de asignaciones familiares

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, pidió una reunión a las autoridades del Banco de Previsión Social (BPS) y del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública, tras la suspensión de 11.500 asignaciones familiares de menores de edad por no concurrir a los centros educativos.

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, se refirió este miércoles en rueda de prensa a la medida de su cartera y dijo que se va a exigir la contraprestación para cobrar asignaciones familiares del Plan de Equidad. “Estamos hablando de 11.000 menores en el marco de 380.000 que les corresponde. El 77 % de estos menores tienen 13 años o más”, informó.

Lema destacó “la señal clara” de exigir la contraprestación correspondiente “al tiempo que se asuma un rol proactivo a los efectos de que se regularice” la situación. Según dijo, ese “rol proactivo” se presenta de “diferentes formas”.

La vicepresidenta se reunirá con el presidente del BPS, Alfredo Cabrera, y con el presidente del Codicen, Robert Silva, con el objetivo de interiorizarse sobre el tema.

“El BPS, a través de lo que es el Sistema de Información del Área Social, verifica estos incumplimientos. Se está trabajando para notificar a estos hogares, para advertir que, si no se envía a estos menores a los centros educativos, se va a suspender la asignación familiar de guía. Y, a través de la red de contención del Mides, oficinas territoriales, teléfonos y demás, se va a promover la importancia de justamente cumplir con la contraprestación”, explicó Lema el pasado miércoles en conferencia.

“Hay dos controles que se hacen durante el año. Uno a mitad de año, que es el que estamos realizando ahora, que tiene que ver con la matrícula, y otro que se hace a fin de año, que tiene que ver con la asistencia efectiva a los centros educativos”, expresó el secretario de Estado.

“Son medidas que entendemos necesarias. Ahora, nos gustaría no tener que tomarlas, porque no tener que tomarlas significa que estos menores están dirigiéndose a los centros educativos, por lo tanto, la contraprestación se va a exigir. Pero, así como se exige, se generan una cantidad de acciones proactivas a los efectos que las situaciones se regularicen cuanto antes”, aseveró Lema.