Sobre la hora 17:40 de este jueves comenzó en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo el acto de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado uruguayo por los asesinatos de la Muchachas de Abril: Silvia Reyes, Laura Raggio y Diana Maidanik. Y también por la “desaparición forzada” de Luis Eduardo González y Óscar Tassino.
En 1974, las Fuerzas Conjuntas del régimen militar acribillaron a Maidanik, Raggio y Reyes.
Sin la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el acto fue encabezado por la vicepresidenta, Beatriz Argimón; el subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni; y Karina Tassino, en representación de familiares de las víctimas.
El reconocimiento por parte del Estado por la muerte de esas tres mujeres se dio después de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2021 determinó que “Uruguay cometió una falta de diligencia investigativa” para clarificar el caso y estableció que se debía “realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional”, en el que debían estar presentes autoridades de los tres poderes del Estado y representantes de las víctimas.
El colectivo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos convocó a concurrir a la plaza Primero de Mayo, frente al Palacio Legislativo, desde donde se transmitió el acto a través de una pantalla, ya que el cupo puertas adentro del edificio era limitado para 500 personas.
Del acto participaron diversas autoridades nacionales y departamentales, además de familiares de las víctimas.
Tras la entonación del himno nacional, Argimón fue la primera en hacer uso de la palabra. La vicepresidenta recordó el fallo de la CIDH e hizo hincapié en que el acto se realizaba de manera pública como reclamaba la sentencia.
También expresó que, fiel a lo que estableció la sentencia, se reconoce en nombre del Estado uruguayo que el Estado fue responsable por la violación de los derechos humanos en perjuicio de Tassino y González.
“Reconocemos que el Estado es responsable por la violación a los derechos a las garantías y a la protección judicial reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, en perjuicio de los familiares nombrados, el Estado violó el derecho a conocer la verdad”, dijo Argimón, que manifestó “el compromiso del Estado de dar con el paradero de las víctimas desaparecidas, así como investigar, sancionar y reparar adecuadamente las violaciones de los derechos humanos cometidas en este caso”.
¿Qué pasó con Diana, Laura y Silvia?
Pasaron más de cuatro décadas desde aquella madrugada de 1974, en la calle Mariano Soler, en la que las Fuerzas Conjuntas del régimen militar uruguayo —comandadas por José Nino Gavazzo y Juan Rebollo— acribillaron a Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes, cuyos rostros inmortalizados en fotos son recordados cada abril y su crimen, hasta este 15 de junio, seguía esperando ser esclarecido.
Este caso es uno de los episodios más brutales de la dictadura uruguaya (1973-1985). En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una histórica sentencia. También condenó al Estado a responder por la desaparición de Tassino y de González. El primero fue secuestrado, torturado e interrogado en 1974; según la Comisión para La Paz, murió el 26 de diciembre a causa de tortura. El segundo murió a causa de una golpiza, a los 40 años, en el centro de detención clandestino La Tablada.
La madrugada de 1974
Mónica Wodzislawski, prima de Maidanik, dijo a la agencia EFE que “las familias quedaron afectadas para siempre”.
Recordó que, en su momento, Midanik y Raggio se enteraron de que muchas de las militantes contra la dictadura que se presentaban en los cuarteles, como pedían las autoridades, quedaban presas.
Entonces, ambas, para evitarlo, fingieron salir del país y buscaron la ayuda del esposo de Reyes, quien les facilitaría los papeles para viajar a Argentina. Pero un comando que lo buscaba fue directo a la casa en la que pernoctaban las tres mujeres, de entre 19 y 21 años, una de ellas embarazada, y las acribilló, en la madrugada del 21 de abril.
Las vías de la Justicia
Recuperada la democracia en Uruguay, las denuncias por delitos de lesa humanidad llegaron a los juzgados, pero no prosperaron porque, como apuntó el abogado retirado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) Jorge Pan a EFE, la Ley de Caducidad “puso fin a absolutamente todas las investigaciones”.
En representación de los familiares de las Muchachas de Abril y de los desaparecidos Tassino y González, Ielsur intentó que, pese a que la ley exoneraba de responsabilidad penal a quienes integraron las Fuerzas Conjuntas en dictadura, la Justicia ordenara volver a investigar en democracia los crímenes por el “derecho a la verdad”.
Sin embargo, jueces y fiscales no accedieron y, cuando “se cerró toda posibilidad en la vía interna”, restaba la vía internacional de la mano de la Corte Interamericana que, tras una revisión completa de los casos, en noviembre de 2021 dictó a favor de los peticionarios.
“[Según la sentencia] el Estado uruguayo tiene responsabilidad internacional por las ejecuciones de Raggio, Reyes y Maidanik, y la desaparición forzada de González y Tassino. Esa responsabilidad […] se ve agravada porque el Estado estuvo omiso en las investigaciones; a la fecha todavía no hay ninguna persona procesada de todos estos casos”, resumió.
Con información de EFE