Beatriz Argimón fue recibida este lunes por el presidente del Banco de Previsión Social, Alfredo Cabrera, por el anuncio del ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, de que suspendería 11.000 asignaciones familiares de hogares y familias que no envían a sus hijos a centros educativos.

A la salida del encuentro, la jerarca habló en rueda de prensa y explicó que esta reunión estaba prevista desde hace tiempo y que se aprovechó la ocasión para conversar acerca de los números presentados por el titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), ya que —dijo— le generan preocupación.

“La asignación familiar está prevista en concreto para el estímulo de los niños en la educación, pero nos interesa saber qué pasa cuando esto ocurre; entonces vamos a las fuentes”, dijo, y agregó además que hablaron sobre aspectos del Plan Ibirapitá.

Asimismo, adelantó que en esta semana se reunirá con el presidente del Consejo Directivo Central, Robert Silva, “a efectos de poder tener un panorama completo del seguimiento de estos niños y niñas”.

En cuanto a la cifra de asignaciones suspendidas, la vicepresidenta reparó en que hay que tener presente que “venimos de años diferentes”, en referencia a la pandemia por la covid-19 y apuntó que esto pudo haber incidido.

“Nos interesa tener el panorama del seguimiento de esos niños y esas niñas. La cifra es una cifra que nos preocupa, así fuera muy pocos, igual nos preocuparía, pero lo bueno es que, así como se nos informó de estas cifras, saber todo lo que desde el Estado se está haciendo, como lo que hace el BPS, para ir a la búsqueda y el retorno de esos niños y esos adolescentes”, aseveró.

Consultada sobre si le pareció una medida adecuada la adoptada por el secretario de Estado, Argimón contestó que la acompaña y reiteró: “Las herramientas se crean por y para algo y es importante que todos lo tengamos en claro; y no puede haber medias tintas en lo que tiene que ver con aquellas cosas que van destinadas a la educación de nuestros niños y niñas”.

“Para este Gobierno es muy importante las políticas destinadas a la educación y a la infancia en general; por algo se destinan 50 millones de dólares por año a la primera infancia, pero además de eso nos parece importante que se haga un seguimiento de todo lo que estas políticas públicas significan”, sostuvo.