La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, firmó el 3 de agosto de 2022 una resolución que promovió una inversión de la empresa Lanafil SA. El documento, según dio cuenta el semanario Brecha, implica exoneraciones impositivas para obra civil y adquisición de equipamientos y vehículos por un monto de 7.049.465 Unidades Indexadas.
En la compañía, dedicada a la venta de productos fitosanitarios y fertilizantes, el gerente general es el esposo de Arbeleche, Juan Alzugaray.
En la nota del citado medio, el expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) Ricardo Gil Iribarne plantea que el proceder de la secretaria de Estado “sin duda viola el artículo 31 de la Ley 19.823, que rige el Código de Ética de la Función Pública”.
En ese sentido, el exjerarca plantea que la relación de Arbeleche con Alzugaray y la posterior firma de la resolución puede implicar un posible conflicto de intereses personal y público.
El artículo en el que se basa Gil Iribarne dice: “Queda prohibido a los funcionarios públicos ejercer su función con relación a las actividades o entidades privadas a las que se encuentren vinculados profesional, laboral o familiarmente o mediante cualquier otro vínculo del cual pueda derivar un conflicto entre interés público y privado”.
Se agrega que la “prohibición establecida en este artículo se extiende a todas las contrataciones de servicios o de obras realizadas a solicitud de una administración comprendida en esta ley, por organismos internacionales o mediante la ejecución de proyectos por terceros”.
En contraposición a los dichos de Gil Iribarne, una fuente del Ministerio de Economía afirmó a Montevideo Portal que la “decisión es ajustada a derecho”, por lo que no existió “conflicto de interés, ni uso indebido de la función pública, ni se otorgó un beneficio ilegal a la empresa solicitante”.
En ese sentido, la fuente argumentó que la resolución es el resultado de un procedimiento reglado, por lo que una vez que la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) —compuesta por representantes de diferentes ministerios— emite su informe favorable a otorgar la exoneración, “el ministro no puede apartarse de dicho informe vinculante”.
“Por ser vinculante, no le deja margen de decisión al ministro y al no incidir en dicha decisión, no se produce conflicto de interés posible. Es por ello que no resulta aplicable el artículo 31 de la Ley 19.823”, agregó.
En la Jutep
La nueva presidenta de la Jutep, la cabildante Gabriela Di Longo, dialogó con Montevideo Portal respecto al tema pero evitó dar una opinión. La jerarca, quien fue asesora en el área jurídica del Ministerio de Salud Pública, argumentó que recién ingresó al organismo y que no corresponde hacer declaraciones a título personal.
Además, aclaró que el asunto de la exoneración a la empresa en la que trabaja el esposo de Arbeleche ni siquiera ingresó a la Jutep como uno de los temas a tratar por el directorio. Cuando esto suceda, sí hará declaraciones públicas, pero a través de la resolución que emita el organismo en conjunto, adelantó.
El antecedente
Una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fechada el 11 de febrero de 2021 también causó revuelo dentro del Gobierno, dado que la cartera exoneró a una compañía vinculada al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie.
La empresa fue exonerada del pago del IRAE (Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas) por $ 401.000, de una inversión de $ 607.000, para la instalación de un nuevo local.
En su momento, el argumento que esgrimió el Gobierno fue similar al del caso de Arbeleche, pese a que algunos especialistas explicaron en ese momento que la ministra se pudo haber negado a firmar la resolución, según una nota de El País.