Aratirí demandó a Uruguay aunque nunca llegó a firmar contrato

La demanda internacional contra el Estado uruguayo anunciada por la empresa Aratirí podría perder fuerza debido a que la multinacional nunca llegó a firmar un contrato con el Poder Ejecutivo, consideró el activista Raúl Viñas.

Viñas, integrante del colectivo Uruguay Libre que rechazó el emprendimiento desde sus comienzos, dijo a Montevideo Portal que la empresa "tiene derecho a patalear", aunque "ni siquiera terminó sus estudios ambientales en Uruguay".

El activista recordó que Aratirí nunca llegó a operar formalmente en el país, dado que no firmó el contrato con el Estado para comenzar la extracción de hierro. Además, consideró que de acuerdo a la normativa vigente en Uruguay cualquier diferencia con el Estado uruguayo por el emprendimiento debería resolverse a nivel nacional, dado que Minera Aratirí es formalmente una empresa uruguaya.

Viñas se mostró sorprendido de que la empresa "viene ahora a quejarse cuando hizo un montón de jugadas". En ese sentido, mencionó que la empresa "abandonó a sus empleados" sin hacerse cargo de los créditos laborales.

Incluso, el integrante de Uruguay Libre afirmó que los pasos dados por el gobierno uruguayo fueron "a favor de la empresa" y no en su contra, mencionando como ejemplo la aprobación de la Ley de Minería de Gran Porte, redactada cuando ya se conocía el interés de la empresa.

Viñas explicó que la empresa apela al Tratado de Inversiones con el Reino Unido porque la empresa matriz, Zamin Ferrous Limited, tiene como domicilio las islas Jersey, un territorio dependiente de la Corona Británica.

La empresa cuestionó actitud "arbitraria" de Uruguay

La empresa Aratirí fundamentó su demanda internacional contra el Estado uruguayo a "la conducta arbitraria y no transparente del gobierno uruguayo" durante el proceso de negociación del Proyecto Valentines. La firma internacional considera que la postura de Uruguay "es violatoria del Tratado internacional de protección a las inversiones entre el Reino Unido y la República Oriental del Uruguay".

Este jueves, el semanario Búsqueda informó que los representantes de la empresa comunicaron al gobierno el inicio de una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) al entender que Uruguay había perjudicado a la empresa con sus acciones.

A través de un comunicado emitido en la tarde de este jueves, la empresa repasó los elementos que llevaron al diferendo con el Estado uruguayo. Según la declaración, en su momento "el gobierno incentivó a los inversores desde el comienzo a que desarrollaran el proyecto". "Incluso se llegaron a negociar (y estuvieron a punto de firmarse) varios acuerdos para facilitar su implementación", agrega.