El Tribunal de Apelaciones desestimó el pedido de prisión preventiva, realizado por la fiscal Ana Rosés, para los cuatro hombres que agredieron a un joven en Pinares (Maldonado) en febrero pasado, según informó FM Gente.
Rosés solicitó la prisión preventiva por 90 días fundamentada en el riesgo de la víctima y la frustración de la investigación. La Justicia dispuso, no obstante, medidas cautelares de fijación de domicilio, la imposibilidad de salir del país y la prohibición de acercarse a 500 metros a la víctima.
Los cuatro fueron imputados por “violencia privada agravada y lesiones personales”, además, uno de ellos fue imputado como autor de las lesiones ocasionadas al joven de 18 años y los tres restantes como coautores.
El hijo del docente de Filosofía Pablo Romero fue agredido, atropellado y golpeado por cuatro hombres quienes "lo confundieron" y pensaron que los estaba "robando".
El padre del joven señaló en una publicación en su cuenta de Facebook que la resolución del Tribunal “desconoce” el incidente que tuvieron él y su hijo con uno de los indagados, quien atropelló con el cuatriciclo al joven.
“No solo hubo contacto, sino que existió nuevamente ofrecimiento de dinero, insultos, acusaciones graves del victimario contra las víctimas (nos acusa de ser quienes lastimamos a nuestro propio hijo para inculparlos, cuando ya las pruebas acusatorias al respecto en su contra eran claras, por cierto) y referencia a las influencias y vínculos que harían torcer la situación, dejando en claro las intenciones y supuestas posibilidades de entorpecer a investigación. Es fundamental este punto final: el agresor nos advierte claramente de sus vínculos con el poder y que los utilizará para revertir el panorama en su contra”, aseguró Romero.
“Y todo esto está grabado (o sea, no se sustenta en meras narraciones subjetivas) por cámara del canal 10 y tiene como principal testigo directo al periodista Martín Corujo (también a su cámara, aunque estaba más alejado de los diálogos finales, donde el agresor me ofrece dinero y me advierte sobre sus vínculos. O sea, hay dos testigos directos). Pasar por alto esta cuestión es muy grave, no sólo en función de la apelación relacionada con la medida cautelar, sino del global de la investigación”, agregó.
Romero expresó que “de esta situación sabía Fiscalía, Policía de Maldonado y buena parte de la ciudadanía” por imágenes de medios locales.
“Es gravísimo tal señalamiento en la resolución del Tribunal de Apelaciones, pues se falta a la verdad de los hechos sucedidos. Espero que sea por un desconocimiento fundado (aunque, repito, esta situación ya era de público conocimiento, incluso por medio de un informativo de alcance nacional y replicada la noticia del hecho largamente por redes sociales y por diversos medios de comunicación)”, añadió.
Romero comentó que confía “plenamente en la justicia, pero realmente este episodio resulta muy desconcertante”. “Ojalá pueda aclararse rápidamente (más allá de que se mantenga la resolución respecto de la medida cautelar), pues estando en las puertas de iniciar el juicio público y oral, nos resulta fundamental saber que contamos con todas las garantías del debido proceso y de que la justicia toma en cuenta todos los elementos, particularmente cuando éstos tienen la notoria importancia del caso”, acotó.
Por último, aseveró que “esta situación sienta un precedente que nos pone en alerta y nos remite, justamente, a las advertencias que el principal agresor nos realizó en esa situación – no contemplada- del lunes 7”. “Confiamos en que haya sido un error involuntario y que se aclare en toda su dimensión”, concluyó.
Seguimos confiando en el trabajo de @FiscaliaUruguay
— Pablo Romero García (@Pabloromero74) March 8, 2022
Ojalá se aclare la omisión fundamental ?? que aparece en la resolución del Tribunal de Apelaciones. Es grave
Nuevamente, agradecemos también a la Unidad de Víctimas y Delitos de Fiscalía de Maldonado.
Confiamos en proceso final