Anuncio de suspensión a asignaciones familiares no tuvo “impacto grande” en reinserción

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) comunicó semanas atrás que suspendería 11.500 asignaciones familiares que corresponden a menores de edad que no están yendo a estudiar a sus centros educativos. “Se va a exigir la contraprestación para cobrar Asignaciones Familiares Plan de Equidad. Estamos hablando de 11.000 menores en el marco de 380.000 que les corresponde. El 77 % de estos menores tienen 13 años o más”, informó el titular de la cartera, Martín Lema.

Lema destacó “la señal clara” de exigir la contraprestación correspondiente “al tiempo que se asuma un rol proactivo a los efectos de que se regularice” la situación. Según dijo, ese “rol proactivo” se presenta de “diferentes formas”.

Como consecuencia, la vicepresidenta Beatriz Argimón convocó a una reunión a los presidentes del Banco de Previsión Social (BPS) y del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para conocer qué pasa después con las familias a las que se le cortó la prestación.

El programa En perspectiva de Radiomundo dialogó con el director nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Mides, Antonio Manzi, para profundizar en el tema. Cómo se implementan estas asignaciones, cuál es la efectividad de una resolución de estas características: a estas y a otras interrogantes respondió el jerarca de la cartera de Desarrollo Social.

El funcionario explicó que las asignaciones se conceden luego de que ANEP les proporcione información, a través del SIAS, para que el Mides se lo envíe al BPS, que es el que efectúa las liquidaciones (pagos) de las prestaciones. Más adelante, se ejecutan dos controles: uno a mitad de año, en el que se verifica la matrícula —que esté inscripto—, y otro a fin de año con el control de asistencia.

“Nosotros, como Mides y a través de los sistemas de información, la recibimos y transmitimos al BPS, obviamente esa información la distribuimos a los programas para detectar estas situaciones y acompañar a esas familias. Lo importante es que no se corta definitivamente, sino que se suspende el pago hasta tanto se pueda corregir la situación. Por ejemplo, si ahora en setiembre no reciben la liquidación, si van y entregan el certificado de estudios, ahí se les reactiva la prestación”, comentó Manzi.

En este sentido, informó que las Asignaciones Familiares Plan de Equidad son transferencias monetarias que buscan la inclusión social de los hogares más vulnerables, que corresponden al 20 % de los hogares más pobres y abarcan unas 203.000 casas donde viven 177.000 menores.

“No debería haber una discrecionalidad en el control a esta altura porque lo establece la ley, entonces esta administración quiso ser bastante enfática en tres puntos: primero, aplicar la normativa como está establecida. Segundo, queremos dar señales claras, que no puede ser lo mismo si envía a los menores a la educación que si no. Y el tercero es la revinculación de estos jóvenes. Estamos tomando un montón de medidas para identificar y acompañar a estos hogares que es acompañar la revinculación educativa, que es la idea principal. La idea no es quitar la asignación, sino que todos los menores puedan asistir a los centros educativos”, expresó.

Consultado sobre si hay condiciones socioeconómicas como para dar el paso de quitar las asignaciones, Manzi respondió que se tienen que contemplar dos aspectos: uno, la oferta educativa, que hoy está funcionando normalmente con las clases presenciales, y, segundo —que tiene que ver con lo económico—, es que este universo contemplado también cuenta con el apoyo de la Tarjeta Uruguay Social, que no se le quita porque es una transferencia sin contraprestación.

Con respecto al proceso de la suspensión, el jerarca contó que primero el BPS hace el anuncio y luego se da el plazo de un mes para que la persona pueda chequear si está en incumplimiento para, luego, al siguiente mes, en caso de seguir sin regular su estado, suspender la liquidación.

“Desde que se hizo el anuncio, que eran 11.500 personas, hasta ahora estamos en 10.792 asignaciones a suspender y estamos coordinando con ANEP y BSP para asegurarnos de que todos puedan revincularse. No es un impacto muy grande, ahí creemos que más allá del comunicado que pueda poner BPS tenemos que tomar medidas más proactivas de contactarnos directamente con las familias y ahí está trabajando BPS para indicarles directamente a través de un mail o SMS. Nosotros desde el Mides lo que estamos poniendo en nuestro sistema de atención ciudadana son notificaciones donde, si la persona se acerca a una oficina o está en un programa que está siendo acompañado, le avisa al técnico que está trabajando con esa familia para que pueda regularizar su situación”, opinó.

En este sentido, se refirió al impacto que pueda generar la suspensión definitiva de la contraprestación. Dijo que por ahora “ha sido poco”, pero que se va a tener que seguir estudiando para ver cómo afecta en la revinculación. Consideró que hay que hacer un “seguimiento muy cercano” y ver qué condiciones se están dando para cumplir con lo estipulado.

“Hasta ahora no me han dado una evaluación de qué pasa con los que fueron suspendidos, qué ocurre después, por eso ya pedí aquí a los equipos de análisis de datos que vayamos preparando un reporte automático para ver de aquellas personas que fueron suspendidas, cuántas se revinculan, cuántos vuelven a aparecer y cuántas efectivamente se descuelgan del sistema. Hoy por hoy ese dato no lo tengo, pero sí es algo que vamos a estar investigando a fondo para ver qué impacto tiene en este corte”, sostuvo.

Por último, Manzi sostuvo que la razón por la que los adolescentes dejan de ir al centro educativo es “multifactorial”: “Por temas económicos, por temas vinculados al cuidado en el hogar, por desinterés o por temas de que consiguen un trabajo y prefieren eso. Las causas son múltiples y hay que atender aquellas que podamos incidir para que puedan retomar esa trayectoria educativa”, concluyó.