Antes del mundial, Catar presionó a agencia de ONU para que no indagara abusos en su país

Por The New York Times | Rebecca R. Ruiz and Sarah Hurtes

BRUSELAS— Con una serie de redadas y arrestos este invierno, las autoridades belgas develaron lo que calificaron como un “trato sucio” en el seno del Parlamento Europeo. Un grupo de políticos están acusados de embolsarse dinero para elogiar a Catar, la pequeña nación del golfo Pérsico, y restarles importancia a sus abusos contra los derechos laborales en la preparación del país para la Copa Mundial de Fútbol.

Sin embargo, mucho antes de que se supiera que algún dinero hubiera cambiado de manos en ese régimen, Catar, por años, se había embarcado en una campaña de manipulación política que ayudó a convertir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el organismo de supervisión de los derechos de los trabajadores de las Naciones Unidas, de crítico a aliado, reveló un análisis realizado por The New York Times.

Dicha campaña incluyó viajes gratis para un líder sindical; un intenso y divisivo esfuerzo de presión para evitar una investigación; una audiencia parlamentaria con preguntas sembradas; y una contribución catarí de 25 millones de dólares a la organización laboral como parte de un paquete de cambios prometidos, según documentos y entrevistas con más de una docena de funcionarios y exfuncionarios laborales. Finalmente, en vísperas de la Copa del Mundo, funcionarios del Ministerio de Trabajo de Catar le pidieron a la agencia de la ONU que se abstuviera de realizar cualquier comentario que pudiera opacar el torneo.

Ser organizador de la Copa del Mundo fue parte de un largo y costoso esfuerzo de Catar para cultivar su imagen global. Sin embargo, dicha apuesta fue mancillada por acusaciones de soborno y llamó la atención sobre el sistema de explotación laboral de Catar. Incluso en la actualidad, con el torneo ya en el pasado, los nuevos descubrimientos que involucran a una agencia de la ONU resaltan las formas secretas en las que algunas monarquías, gobiernos y lideres autoritarios del golfo Pérsico continúan utilizando su riqueza para influir en las instituciones globales.

Las autoridades belgas ven la campaña de Catar en la Organización Internacional del Trabajo como una parte clave de sus esfuerzos por moldear la opinión pública, en particular entre los legisladores europeos, según un funcionario cercano a la investigación, quien habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a discutir el caso. Catar ha negado cualquier irregularidad. No hay indicios de que la organización laboral esté bajo investigación.

Un informe confidencial de la Confederación Sindical Internacional, la cual forma parte del órgano rector de la agencia laboral de la ONU, reveló que la confederación tenía vulnerabilidades “operativas, financieras, constitucionales y políticas” a la corrupción. El informe, obtenido por The New York Times, citó una urgente necesidad de protegerse contra las “amenazas que se ciernen sobre el movimiento sindical mundial”.

La Organización Internacional del Trabajo puede investigar gobiernos, llevarlos a los tribunales y etiquetarlos como violadores de derechos. Estas acciones pueden poner en peligro la inversión extranjera y dañar reputaciones.

Para el momento de la inauguración de la Copa del Mundo, la agencia había calmado sus críticas y retirado una denuncia que acusaba a Catar de explotación y trabajos forzados. La agencia declaró que había logrado importantes concesiones y que no había hecho nada distinto en respuesta a la presión catarí. Pero a puertas cerradas, según funcionarios y exfuncionarios, estos movimientos fueron polarizantes.

“Es posible para los países con poder y dinero manipular el sistema a través de la intimidación a otros”, afirmó Marie Clarke Walker, una sindicalista canadiense que formó parte del órgano rector de la Organización Internacional del Trabajo.

Los funcionarios sindicales aseguran que han actuado con integridad. Lo que algunos podrían ver como una crítica deliberadamente suave, los funcionarios de la agencia aseguran que fue diplomacia en acción. Afirman que los 25 millones de dólares —una de las contribuciones individuales más grandes de su tipo, y que no se anunció cuando se hizo público el acuerdo— no compraron influencia. Tanto ellos como Catar describieron la contribución como una señal de compromiso del país para mejorar.

“En lugar de recurrir a McKinsey, decidieron confiar en la experiencia de la OIT”, afirmó Corinne Vargha, directora del departamento de normas de la organización, sobre Catar.

De hecho, varios empleados y exempleados afirmaron que la organización laboral a menudo trataba a Catar más como un cliente que como un país bajo escrutinio. La contribución catarí financió la oficina de la organización en Doha, Catar, y proporcionó millones para sus costos administrativos generales.

“Catar se relaciona con la OIT a través de los mismos canales oficiales utilizados con otras agencias de la ONU”, declaró el gobierno en un comunicado. “El hecho de que la decisión de la OIT de adoptar una postura matizada y objetiva, con el objetivo de lograr un cambio positivo sobre el terreno en Catar, haya sido recibida con cinismo y desconfianza, si bien lamentablemente no sorprende, es completamente absurdo”.

Este debate sobre la línea que separa la diplomacia de la compra de influencias es conocido dentro de las agencias de la ONU y otras organizaciones internacionales. Grupos como la Interpol, la Organización Marítima Internacional y la Organización Mundial de la Salud han sido objeto de escrutinio por políticas que benefician a miembros de gobiernos autoritarios o socios corporativos.

Los derechos laborales en Catar han mejorado desde que la Organización Internacional del Trabajo abrió su oficina en Doha en 2018. Catar estableció un salario mínimo y declaró que los trabajadores podían cambiar de trabajo sin el permiso de sus empleadores. Los funcionarios laborales afirmaron que lograron estas mejoras a través de negociaciones delicadas. Las críticas, dijeron, solo habrían socavado ese progreso.

Pero los defensores de los derechos laborales, los grupos de derechos humanos y algunos políticos declararon estar atónitos por lo que sintieron eran declaraciones públicas unilaterales que minimizaban los problemas. Los informes del Departamento de Estado, por ejemplo, citaron casos constantes de trabajo forzado. Los trabajadores de construcción y amas de casa migrantes seguían atrapados en deudas a largo plazo con los empleadores, quienes confiscaban sus pasaportes y tarjetas bancarias, y retenían sus pagos. Algunos grupos de derechos humanos han afirmado que estas condiciones constituyen un modo de esclavitud moderna.

Los legisladores europeos utilizaron las declaraciones positivas de la organización laboral para justificar sus propias posturas hacia Catar. A su vez, la organización laboral amplificó a los políticos, creando así una cámara de eco de comentarios optimistas.

“La OIT afirmó que Catar es vanguardia en materia de derechos laborales”, afirmó en noviembre Eva Kaili, una política griega, en el Parlamento Europeo. Tres semanas después, fue acusada de corrupción.

“Catar fue muy eficaz en su control de no solo la narrativa sino también del contexto”, afirmó Mustafa Qadri, un investigador de derechos humanos que escribió un informe preliminar sobre abusos laborales vinculados a la Copa del Mundo. “Se vio mucho esa actitud de darle al gobierno las mejores calificaciones y vitorear con efusividad las reformas, sin que realmente fueran implementadas”.

Para el movimiento mundial por los derechos laborales, las consecuencias de la Copa del Mundo han sido graves. En varias entrevistas, más de una docena de personas en la Organización Internacional del Trabajo y entes asociados afirmaron que sus organizaciones han quedado paralizadas mientras se desarrolla la investigación por corrupción en Bruselas.

El sindicalista Luca Visentini fue arrestado en Bruselas a finales del año pasado y se le dio de baja. Aunque no fue acusado, se reveló que su exitosa campaña para liderar la Confederación Sindical Internacional fue financiada en parte por una organización sin fines de lucro que dirige un exlegislador que desde entonces ha admitido haber actuado como agente de Catar. El informe interno obtenido por The New York Times muestra que el gobierno de Catar pagó para que Visentini viajara en avión al país en octubre.

En una extensa declaración, Visentini negó haber incurrido en alguna irregularidad y afirmó que la donación nunca estuvo vinculada a alguna política sobre Catar. Está a la espera de la decisión sobre si podrá volver a su trabajo.

“Es un daño enorme a todo el movimiento por los derechos laborales”, afirmó Houtan Homayounpour, exdirector del departamento de proyectos de la OIT en Catar.

Las cosas comenzaron de forma muy diferente.

En 2014, mientras la mano de obra migrante impulsaba un auge constructor multimillonario para la Copa del Mundo, los representantes sindicales internacionales presentaron una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo en la que acusaron a Catar de violaciones de derechos.

“Desde el momento en el que los trabajadores migrantes comienzan el proceso de buscar empleo en Catar, se ven envueltos en un sistema altamente explotador que facilita la exacción de trabajo forzoso por parte de sus empleadores”, afirmaron los representantes.

Cuando se presentan denuncias, la organización puede iniciar una investigación formal. Funcionarios y exfuncionarios laborales recordaron cómo los funcionarios de Catar llenaban las salas de negociación de la agencia en Ginebra, para exhortarlos a no investigar.

La OIT es la única agencia de la ONU compuesta no solo por gobiernos sino también por grupos que representan a trabajadores y empleadores. Los diplomáticos cataríes alentaron a los empleadores y países con intereses comerciales en Catar para que se opusieran a una investigación, según Luc Cortebeeck, un sindicalista belga que dirigió el grupo de trabajadores de la agencia.

La investigación propuesta, conocida como comisión de pesquisa, nunca se materializó.

“La campaña de presión política sin precedentes tuvo éxito”, escribió Cortebeeck en su libro de 2020, “Still Work to Be Done” (“Todavía queda trabajo por hacer”).

En cambio, la organización laboral envió una delegación a Catar en 2016 y, al final, obtuvo concesiones. A cambio de retirar la denuncia y la investigación propuesta, Catar afirmó que consagraría en la ley algunas protecciones para los trabajadores, prometió más cambios en el futuro y realizó su enorme contribución.

“El gobierno había demostrado un claro compromiso con importantes reformas laborales”, afirmó en un comunicado la semana pasada Gilbert Houngbo, director general de la OIT. Houngbo afirmó que la denuncia fue manejada como cualquier otra.

No es inusual que los países resuelvan las denuncias, y algunos funcionarios laborales vieron esto como un buen acuerdo. El gobierno catarí declaró ser el único país de la región en que trabajaba junto a grupos externos para mejorar las condiciones laborales. Su acuerdo con la OIT “no es ilegal ni inusual, y hay acuerdos similares entre otros gobiernos y agencias de la ONU en todo el mundo”, aseguró su declaración. Vargha, la directora del departamento de normas de la OIT, afirmó que la agencia presionó a Catar para que cumpliera sus promesas. “El Ministerio de Trabajo no estaba en condiciones de poder cumplir lo que habíamos acordado”, afirmó. Al final, el país tomó medidas para criminalizar el trabajo forzoso y abolir su sistema “kafala”, el cual amarra a los trabajadores a sus empleos.

El Departamento de Estado y algunos grupos de derechos humanos afirman que la aplicación de estas políticas ha sido inconsistente y que los abusos continúan. Bhim Shrestha, un nepalés que trabajó en Doha como migrante de 2013 a 2021, dijo que los cambios ofrecían mayores protecciones a los trabajadores vinculados a los proyectos de la Copa Mundial. Los trabajadores domésticos y del sector de ventas, afirmó, estaban desamparados.

En lugar de utilizar el escenario de la Copa del Mundo para resaltar esos abusos, la organización laboral y sus afiliados adoptaron con frecuencia un tono positivo.

En su informe interno de investigación, el cual circuló entre los líderes sindicales la semana pasada, la confederación sindical concluyó que su cambio “de una crítica severa a un elogio calificado” se hizo de buena fe. Houngbo afirmó que incluso aunque la OIT elogiara el progreso de Catar, esta había dejado bien claro que se necesitaba más trabajo.

En noviembre pasado, se hizo evidente la influencia de Catar en una audiencia del comité del Parlamento Europeo sobre abusos laborales.

Un testigo vino de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo en Doha. Los miembros del comité afirmaron que no tenían idea de que la oficina estaba financiada por Catar.

El segundo testigo provino de la Confederación Sindical Internacional, cuyo futuro alto funcionario, Visentini, había recibido viajes gratis a Catar y una donación de campaña de un donante vinculado a Catar. El donante en cuestión fue Pier Antonio Panzeri, un exlegislador que desde entonces se ha declarado culpable de cargos de corrupción y está cooperando con los investigadores.

El tercer testigo fue el ministro de Trabajo de Catar. Panzeri, quien también sembró preguntas amistosas en el comité, lo había preparado según evidencia divulgada por la revista alemana Der Spiegel.

Además, la presidenta del comité también había recibido viajes no divulgados a Catar. Tras esa revelación renunció a su puesto en el comité, pero negó haber incurrido en alguna irregularidad.

“Todo el asunto se sintió raro”, afirmó Minky Worden de Human Rights Watch, quien inició la audiencia describiendo abusos salariales, tarifas ilegales de contratación y muertes que no se habían investigado.

Y entonces, el tono cambió. Un legislador español de izquierda, Miguel Urbán Crespo, lo describió como “locamente optimista”. En retrospectiva, se lo atribuyó a la “diplomacia caviar” de Catar.

“No es moral”, afirmó. “Es un daño estructural para todas las organizaciones de las Naciones Unidas”.