El fiscal especializado en Delitos de Lavado de Activos Enrique Rodríguez volvió a archivar la causa que investiga costos de la construcción del Antel Arena, que se inauguró el pasado 12 de noviembre de 2018.

Se trata de la segunda vez que la Fiscalía desestima la causa. En una primera instancia, el fiscal de Delitos Económicos de Primer Turno, Alejandro Machado, archivó el caso en febrero de 2024.

Sin embargo, desde el directorio de la empresa estatal pidieron que reabra la investigación y alegó que “habían quedado diligencias pendientes”, como agregar algunos documentos al expediente o la solicitud de algunos testimonios.

Ante la solicitud, la Justicia aprobó que la causa fuera reexaminada, bajo la órbita de Rodríguez.

Una vez que la Fiscalía reabrió la causa, la investigación sumó las declaraciones de arquitectos y contadores —algunos que fueron parte del proyecto y otros externos—, que resultaron de “primordial interés”, señala la resolución divulgada por el organismo público.

Las declaraciones de los técnicos interrogados indicaron que “el costo estimado de la obra, que se incluyó en las bases del concurso de ideas era de US$ 40.000.000” y “solo estaba referido a lo que se conoce como obra civil”.

Es decir, a esa suma se le debía agregar los costos de “revestimiento, equipamiento, eléctrica, sonido, butacas, pantallas, arreglos del predio adyacente, guardería, parque, espacio polideportivo, etc., entre muchos otros elementos necesarios para considerar que el Arena estaba completo como para permitir su funcionamiento”.

Los interrogados también aseguraron que el costo total de las butacas debería alcanzar entre US$ 7 mil y US$ 8 mil, por lo que, de tratarse de unas 10 mil butacas, “el costo total estimado rondaría entre US$ 70 y US$ 80 millones”, indicó la fiscalía especializada. Incluso uno de los técnicos sostuvo que “de alcanzar las 12 mil butacas, el monto total podría “situarse entre US$ 90 y US$ 100 millones”.

El pasado 6 de marzo de 2019, el Tribunal de Cuentas informó a la Cámara de Senadores que el proceso de construcción y la puesta en marcha del Antel Arena ascendía los US$ 85.995.517.  

Otro de los ejes que comprendía la denuncia penal del directorio de Antel estaba relacionado a “los procesos o procedimientos de compras utilizados durante la construcción y equipamiento”, que también fueron analizados durante la primera investigación de Machado.

Sin embargo, las contadoras interrogadas señalaron ante la fiscalía que “a pesar de que a veces no contaban con toda la documentación, ello se salvaba por otros controles y aun así no encontraron irregularidades en dichos procesos y en la utilización del sistema”. Además, indicaron “que el proceso ofreció garantías”.

En tanto, la gerenta de la División de Contrataciones de Antel declaró que hasta 2021 —durante el gobierno de Luis Lacalle Pou— “se siguió utilizando el procedimiento de compras directas por excepción, el amparo de la causal de competencia y que ello representó el 50% de los llamados y las compras consiguientes”.

“Se hace constar que no resultan de la carpeta investigativa, que personas físicas o jurídicas, ni empresas en general, comparecieran durante la investigación a presentar sus denuncias, alegando actos de corrupción en los procesos licitatorios”, escribió Rodríguez.

En base a los fundamentos teóricos de Milton Cairoli, el fiscal diferenció el derecho administrativo del penal. “No siempre una irregularidad en el ámbito administrativo conlleva una conducta ilícita, merecedora de reproche penal”, expresó.

En esa línea, la investigación de Rodríguez compartió “líneas generales de los fundamentos” llevados a cabo por el fiscal Machado en una primera instancia. Así, la fiscalía, por segunda vez, determinó que “no existe conducta penal reprochable al respecto” de este caso.

Además, la fiscalía enfatizó que Antel y la Intendencia de Montevideo consultaron a organismos públicos competentes sobre la validación del convenio y su legalidad, por lo que no hubo una acción “negligente”.

“Se podrá discrepar o no como se dijo con esas interpretaciones, lo cual es común en las ciencias jurídicas, pero nunca concluir que existió un desborde de autoridad y que se actuó en forma inconsulta”, señala Rodríguez.

“Si se observaran irregularidades de tal gravedad como las que se denuncian, se hubieran aplicado sanciones, entre ellas, solicitar la remoción de los directores del organismo, no otorgar fondos presupuestales en las instancias correspondientes, entablar recursos administrativos contra las resoluciones dictadas por Antel, agotar la vía jerárquica y tramitar la anulación de los actos que se consideraran contrarios a derecho o desviados, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, agregó.

Tras la investigación, Rodríguez concluyó que “no se verifica en la especie una desviación o irregularidad en la conducta de los investigados pasible de ser sancionada penalmente y que permita afirmar que estamos ante actos de corrupción”.

“No resulta evidencia de que se hubiera beneficiado fraudulentamente a los particulares ni que los funcionarios involucrados hubieran obtenido un provecho para sí o para otro en perjuicio del Estado”, agregó.