Ante el veto de Lacalle Pou, extrabajadores de Casa de Galicia analizan juicio al Estado

Los extrabajadores de Casa de Galicia analizan realizar un juicio al Estado en caso de que el Parlamento no consiga la cantidad de votos en la Asamblea General para levantar el veto parcial del presidente Luis Lacalle Pou, informó la vocera de los exfuncionarios de la mutualista, Flor Constanzo, a Subrayado.

De acuerdo con la representante, “la mayoría de los extrabajadores tienen pensado realizarle juicio al Estado si no se nos da lo que corresponde”. De todas maneras, aclaró Constanzo, los exfuncionarios de la mutualista esperarán a la Asamblea General. En caso de que no alcancen los votos, “comenzarán los juicios”. Además, no descartó la posibilidad de que algún trabajador comience el juicio antes, ya que “cada cual tiene la potestad de elegir qué camino quiere tomar”.

La vocera afirmó que los extrabajadores no “comparten” las palabras del Lacalle Pou al argumentar el porqué de su decisión. “El presidente decidió pasar por encima de la ley”, apuntó Constanzo.

La extrabajadora de Casa de Galicia dijo que, tanto ella como sus excompañeros, tienen “que hacer frente a realidad en la que le presidente” los puso, por lo que recibieron la noticia “con mucha tristeza” y “decepción”. “No nos pasaba por la cabeza que esto ocurriera”, expresó.

Luego de que el presidente vetara de forma parcial la ley que busca asegurar créditos laborales a los extrabajadores de la mutualista, la vocera expresó: “No es el dinero que el Ejecutivo entiende que nos tiene que dar, es el que nos corresponde, el que manda la Ley 16.690”. En tanto, recordó que la norma legal indica que cuando un trabajador es despedido se le debe pagar hasta 105 mil Unidades Indexadas (UI).

“Tendría que explicar el presidente por qué se viola la explicación, esa ley está desde 2018”, agregó. Así, Constanzo expresó que el fondo, que la ley prevé sea de US$ 20 mil, “no tiene que estar disponible para los trabajadores de Casa de Galicia, sino que para todos los trabajadores del país”.

“El presidente decide y propone, porque hemos hablado con parlamentarios y nunca vieron un veto con una propuesta detrás, que se nos paguen $ 170 mil. ¿Por qué si la ley marca otra cosa?”, cuestionó la vocera.

En esta línea, apuntó contra Lacalle Pou, quien asegura que está tratando a ella y a sus compañeros “de manera diferente”.

Desde que la ex Casa de Galicia cerró hay 230 personas que aún no tienen ningún trabajo, señaló Constanzo. En tanto, son 2.100 trabajadores —entre técnicos y no técnicos— quienes aguardan por la ley que asegura los créditos por el despido.

Por qué senadores del oficialismo no están de acuerdo con el veto de Lacalle

Los senadores Sergio Botana (Partido Nacional) y Guillermo Domenech (Cabildo Abierto) analizan si podrían reunir los votos necesarios para levantar esa facultad presidencial.

La ley, que fue aprobada por Cabildo Abierto (CA), el Frente Amplio (FA), los blancos Botana y Rosina Piñeyro, suplente de Sartori en la banca, y el colorado Germán Cardoso, busca asegurar los créditos laborales a los extrabajadores de Casa de Galicia por un monto de US$ 20 millones.

Para levantar el veto del presidente se requiere el voto a favor de tres quintos de los miembros presentes de cada Cámara en la Asamblea General.

Al ser consultado en Arriba gente sobre si analiza la posibilidad de levantar el veto del presidente, Botana dijo que “por supuesto”. “Todos tenemos las facultades que nos otorga la Constitución y la ley”, expresó. De acuerdo con el senador blanco, si alguien está “razonablemente convencido” de lo que debe hacer tiene que ser “constante en ese camino”. “No podemos tener dos caras”, agregó.

Además, dijo que no “correspondería” que Lacalle, con quien tiene un vínculo que data de varios años, se “ofenda” en el caso de que deje sin efecto el veto.

“Yo no me he ofendido cuando el presidente, utilizando su derecho, veta un artículo que yo he votado”, indicó.

Según el exintendente de Cerro Largo, su posición está basada en “argumentos”. “No es por falta de cariño al presidente o querer tener oposición política. Nada más feo para un legislador de gobierno que tener que discrepar con su propio gobierno”, confesó.

En esta línea, aseguró que el presidente “no debería vetar” porque “no hay nada inconstitucional; no hay creación de gasto”. Además, sostuvo que se cumpliría con la Ley 16.690, que se aplica cuando una persona es despedida de su trabajo.

La norma aprobada en el Parlamento establece que el “Estado se obliga a pagar la totalidad de créditos laborales posconcursales en cuanto correspondan”, generados tras el cierre de Casa de Galicia. Además, el monto deberá ser abonado en un plazo no mayor a los 18 días luego de promulgada la ley.

Botana apuntó contra el asesoramiento que ha tenido Lacalle, que considera “que no ha sido el mejor”. De todas maneras, recalcó que no se puede “obligar” al presidente a estar en “todos los detalles”.

El senador blanco fue criticado en X (antes Twitter) por el director de Trabajo, Federico Daverede, quien señaló que su postura política en esta temática transita entre “entre la mentira, la falsa expectativa, la utopía y el populismo”. En tanto, Botana le respondió al integrante de la Lista 404: “No califique si no conoce. Aclare en qué cargo lo acomodó el gobierno a usted”.

Por su parte, Domenech, otro de los partidos que votó el proyecto, indicó que “habría que estudiar si hay votos para levantarlo”. Según la normativa, se precisan tres quintos de la Asamblea General.

“Si no tenemos el número de votos, va a haber que meter violín en bolsa”, agregó en diálogo con La Diaria. Domenech reconoció que, si se logra vetar la ley, existirá una “dificultad” para que los trabajadores cobren los haberes.

Desde el FA, en tanto, entienden que Lacalle no debería vetar la legislación porque se “compraría un lío innecesario”, según el senador de izquierda Daniel Caggiani.

El legislador detalló que la iniciativa “lo que hace es interpretar dos leyes que ya existen: la del cierre de Casa de Galicia y la del fondo de garantías de créditos laborales”.

El senador frenteamplista Mario Bergara también se pronunció al respecto y adhirió a la intención de levantar el veto al presidente. “Aun cuando se logre levantar el veto, hay una señal política negativa del gobierno que prioriza otros objetivos y no el respeto de estos derechos laborales bien ganados de los trabajadores”, indicó el precandidato a la presidencia por Convocatoria Seregnista. 

Para Bergara, el veto de Lacalle es “triste para los trabajadores”, ya que el día en el que se votó la ley se los vio “emocionados” en el Parlamento.

El senador frenteamplista Óscar Andrade coincidió su fuerza política y aseguró que el Parlamento “debe levantar esta medida infame”. 

“Liquidaron Casa de Galicia y dejaron a decenas de trabajadores y usuarios a la intemperie. Desde el Parlamento votamos una ley justa, que le reconocía el legítimo derecho indemnizatorio a los extrabajadores. Hoy, con la soberbia y la indiferencia que lo caracteriza, el presidente Lacalle vetará esta ley. Triste y lamentable...”, escribió el sendor Charles Carrera en su cuenta de X.

El ahora senador colorado Germán Cardoso dijo a Telemundo: “Por una situación de estricta justicia con nuestra acción y convicción batllista, tienen que estar garantizados los derechos de los trabajadores que son ajenos a toda esta problemática que se ha desarrollado”.

Al ser consultado este miércoles sobre la posibilidad de que la ley sea vetada, Cardoso opinó “que sería un error porque el Estado va a estar sometido a juicios que los va a tener que terminar pagando”. 

Las razones que dio el presidente

En la tarde, en una rueda de prensa que hizo en Dolores, Soriano, el presidente se limitó a decir al respecto del veto: “A nosotros nos tiraron el fardo; esto es por una mala administración de gobierno”, en referencia al período pasado.

En la resolución del veto, a la que accedió Montevideo Portal, se observaron los primeros tres artículos de la iniciativa parlamentaria “por razones de constitucionalidad y conveniencia”. A su vez, el veto presidencial plantea tres artículos sustitutivos a los observados.

En sus argumentos, el presidente plantea que la razones para vetar los primeros artículos responden a una violación de los artículos 8 y 86 de la Constitución de la República.

“Todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellos sino la de los talentos o las virtudes”, establece el artículo 8 de la Carta Magna.

En esta línea, se plantea que dentro del marco de la Ley 19.690 (Fondo de Garantía de Créditos Laborales en el ámbito del Banco de Previsión Social), la iniciativa parlamentaria establece “un sistema de garantías de créditos laborales específicos para los trabajadores de la ex Casa de Galicia y en condiciones más ventajosas con respecto al resto de los trabajadores privados”.

“Se fijan plazos breves y perentorios para el pago de los créditos garantizados, se da cobertura a créditos que el resto de los trabajadores no tienen protegidos (los postconcursales), no se prevén exclusiones para el caso de trabajadores de determinada jerarquía o con vínculos con las autoridades empresariales, sin que exista una causa razonable que justifique tal trato discriminatorio en menoscabo de los demás trabajadores de la actividad privada que se ven afectados por la insolvencia empresarial”, se señala en el documento.

Y agrega: “Resulta más cuestionable que se utilicen fondos recaudados por concepto de contribución especial de seguridad social de 0,025%, que grava los ingresos de la generalidad de los trabajadores, para destinarlo a satisfacer los créditos de un grupo específico, en el caso de los trabajadores de la ex Casa de Galicia en desmedro del resto, sin que exista una relación razonable de proporcionalidad entre el medio utilizado y el fin perseguido (garantizar y abonar en forma breve y perentoria —180 días— los créditos de los extrabajadores de Casa de Galicia)”.

Con respecto al artículo 86 de la Constitución, el veto sostiene que este tipo de leyes que implican un gasto para el Tesoro Nacional deben ser por “iniciativa privativa del Poder Ejecutivo”.

“Es imprescindible señalar que el Poder Ejecutivo tiene a su cargo por mandato constitucional la conducción de la economía y las finanzas del Estado uruguayo. La Constitución reserva para el Ejecutivo la iniciativa privativa en diferentes materias, a la vez que ha impuesto al Poder Legislativo determinadas limitaciones o condiciones”, fundamentó el presidente.

Texto sustitutivo

El veto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento plantea a su vez una redacción sustitutiva para los tres artículos observados por Lacalle Pou.

En este sentido, se modifica el monto planteado para el Fondo Especial de Insolvencia de Casa de Galicia, limitándolo a 54.700.000 Unidades Indexadas (UI) —US$ 8 millones—, mientras que se garantizan los créditos laborales a percibir por cada trabajador en 30.000 UI ($ 175.000). 

Los montos propuestos por el presidente en los artículos sustitutivos van en línea con el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento.

En cambio, el aprobado en el Parlamento establece que “los créditos laborales referidos en la presente ley se garantizarán hasta por un máximo equivalente a 105.000 Unidades Indexadas ($ 612.000) por trabajador”.

Según estimaciones, la erogación de Rentas Generales para dar cumplimiento a esta ley sería de unos US$ 40 millones, mientras que la iniciativa del Ejecutivo lo limita a US$ 8 millones. Una vez entrado al Parlamento el veto presidencial, ahora la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, tiene 15 días para citar a la Asamblea General para tratar lo enviado por el Ejecutivo.