Montevideo Portal
Desde que se instaló el nuevo Código de Proceso Penal, en 2017, los procesos abreviados han sido una forma a través de la que los fiscales han podido cerrar las causas penales. Esta manera consiste en negociar con las defensas de los imputados, con los que se pacta una condena a cambio de que la persona reconozca los delitos por los que se le formalizó una investigación.
Montevideo Portal realizó un pedido de acceso a la información pública a la Fiscalía General de la Nación, para saber cuántos procesos abreviados hubo desde 2017 hasta ahora y cuál fue la condena promedio en años que se logró. Otra de las preguntas fue cuál es la dependencia del Ministerio Público que ha sellado más juicios abreviados.
De acuerdo con la ley 19.293, que rige este tipo de procesos judiciales, se explica que la condena se puede disminuir hasta en una tercera parte de aquella aplicada al caso concreto. A su vez, la solicitud de condena disminuida por parte de Fiscalía no podrá ser inferior al mínimo previsto por el delito correspondiente, aclara la normativa.
Desde enero de 2017 hasta diciembre de 2022, la Justicia ha aprobado 77.876 juicios abreviados con promedio de dos años de condena en cada caso. Desde Fiscalía aclararon que este promedio explica que “más de la mitad de los procesos abreviados/simplificados logró esa cantidad de años” para los sentenciados.
En cuanto a cuál fue la Fiscalía que acordó más veces con las defensas de los imputados, el Ministerio Público respondió que fue la dependencia de Flagrancia de 9° Turno. Este departamento está ocupado, actualmente, por Fernando Romano.
Uno de los procesos abreviados que estuvo en la palestra pública fue la condena del exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano, quien fue condenado a cuatro años y seis meses de cárcel luego de que la fiscal que estaba en el caso, Gabriela Fossati, llegara a un consenso con el defensor Marcos Prieto.
Algunos penalistas opinaron a favor y en contra de que Fossati haya utilizado este recurso para cerrar la causa, dado que esto implica que no se pueda reabrir. El director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Germán Aller, dijo en su momento que hay que “replantearse el uso de los procesos abreviados”.
“Mientras está el debate sobre qué corrupción hay y a qué nivel, cortar el proceso para generar un abreviado cuando no se ha llegado aparentemente a todo los demás, no parece conveniente”, indicó el experto, y agregó: “Yo no creo que al ciudadano común y corriente le interese que este caso se resuelva de esta forma”.
Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Mario Spangenberg, publicó un tuit en el que afirmó que “uno de los mayores desafíos de un sistema acusatorio es determinar el estándar razonable de juicios orales y procesos abreviados”.
“Y esa definición es clave en términos de eficiencia, pero también respecto de la legitimidad constitucional de su política criminal”, agregó el abogado.
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