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La Corte Electoral está realizando el procesamiento de las firmas presentadas en setiembre por Cabildo Abierto (CA) para convocar un plebiscito, para una reforma constitucional que busca establecer un tope a las tasas de interés de los créditos al consumo y reestructurar las deudas.
El líder y senador del partido, Guido Manini Ríos, dijo este jueves que pidió al organismo electoral una “instancia” para que se ratifiquen las firmas que tengan errores, en especial en los casos donde no coinciden con la credencial de la persona.
“Nosotros estamos convencidos de que muchas de las firmas que no coinciden en realidad son de ciudadanos que manifiestan su voluntad, pero que han cambiado la firma”, aseguró Manini Ríos en diálogo con Telemundo (Canal 12).
“40 años después de sacada la credencial firman distinto, o firman con un garabato, hacen media firma, y eso, creo yo, es la inmensa mayoría que no coincide”, agregó.
Según el líder cabildante, “si se hace el llamado, puede presentarse la gente que haya firmado diferente que en la credencial”, ya sea “en la Corte Electoral o a la juntas electorales en todo el país a ratificar su voluntad”.
“Eso es lo que estamos pidiendo, que se habilite esa instancia”, sentenció.
Según el último reporte, con fecha del pasado miércoles 29 de enero, un 19,6% del total de documentos analizados fue rechazado y, si esa tendencia continúa, la iniciativa podría no realizarse.
El organismo informó que, hasta ese momento, se llevan procesadas 199.119 firmas, de las que se aprobaron 156.370, se rechazaron 39.136 y otras 3.613 se encontraban aún en proceso de análisis.
De las constancias que presentó el partido liderado por Guido Manini Ríos y fueron anuladas, más del 70% la firma no coincidía con la persona a la que se le asignó. Del total, 8.654 de ellas tenían errores múltiples, 1.425 pertenecían a personas excluidas del padrón electoral, había 683 cancelados, 340 tenían los datos incompletos, 211 estaban inhabilitados y 31 eran menores de edad.
Cabildo necesita que se validen un total de 272.288 firmas, es decir, un 10% del padrón electoral y, según anunciaron en setiembre, presentaron un total aproximado de 320.000.
La iniciativa busca cambiar el artículo 52 de la Constitución de la República, que prohíbe la usura, al establecer que la ley defina “el interés máximo permitido por todo concepto, incluido tasas de interés compensatorio y moratorio, comisiones, reajustes y cualquier otro gasto adicional”.
En caso de habilitarse, se votará junto con las elecciones departamentales y municipales del domingo 11 de mayo de 2025.
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