Ancap emitió un comunicado en el que repudió “la colocación de un material inflamable en una de las antorchas de la refinería” y anunció el inicio de una investigación para “determinar responsabilidades”.
Las autoridades de la empresa expresaron que en la mañana de este lunes “se detectó una tela (de color rosado) en la baranda de una de las plataformas de la antorcha”.
“El acceso a la misma se realizó sin autorización para subir a la antorcha, que se encuentra encendida. La situación desencadenó un operativo para quitar el material y en este momento las áreas de Seguridad Industrial, Seguridad Vigilancia y Protección junto a Bomberos analizan el riesgo que implica el retiro del elemento y evalúan condiciones seguras para subir a la plataforma con la antorcha encendida. El directorio de Ancap y la gerencia general determinaron una investigación para determinar las responsabilidades de las personas involucradas en este hecho”, afirmó el comunicado de Ancap.
Tras lo denunciado, la Federación Ancap emitió un comunicado en el que negó haber realizado "ninguna acción en la antorcha de la Refinería de La Teja" este lunes.
Por su parte, el director de Ancap Richard Charamelo criticó el hecho en redes sociales y dijo que además de “irresponsable”, lo hecho por funcionarios “de la Antorcha de la Refinería de la Teja estuvo “al borde de un delito mayúsculo” al colocar “materiales inflamables vinculados al sí”.
El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, también condenó lo ocurrido y escribió en referencia a lo expresado por Charamelo: “Comparto: inadmisible e irresponsable. Con nuestro respaldo, gerencia general ha decretado una investigación administrativa para determinar el grado de responsabilidad de los involucrados que, con esta acción, violan no solo la ley sino disposiciones operativas y de seguridad. No dudo que la mayoría de los funcionarios de Ancap comparte la gravedad del hecho. Hay muchas maneras de manifestar opiniones, pero no de esta forma”.
El vicepresidente del ente, Diego Durand, dijo que se trato de “un hecho grave” y manifestó que hubo “desprecio a la seguridad de las personas y desapego a los protocolos y a la seguridad industrial”.
“Los bienes son públicos y no admiten fines proselitistas”, finalizó Durand, que referenció el artículo 58 de la Constitución de la República: “Los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política. En los lugares y las horas de trabajo, queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie. No podrán constituirse agrupaciones con fines proselitistas utilizándose las denominaciones de reparticiones públicas o invocándose el vínculo que la función determine entre sus integrantes”.