La empresa Ancap reafirmó este miércoles que la participación del ente en una asociación con un privado “no será mayor al 30%”. Las autoridades de la compañía y del Ministerio de Industria, Energía y Minería estuvieron en el Parlamento para explicar distintos aspectos del negocio proyectado.

“De la misma manera, como el propósito de la Asociación es rescatar el negocio para operar en un mercado regional, Ancap se beneficiará con el 30% de las ganancias que el Plan de Negocios ofertado por el socio vaya a generar”, afirmó Ancap en el escrito divulgado en horas de la tarde, luego de la comparecencia ante la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del Senado.

Mientras las autoridades de la empresa comparecían ante los legisladores, la Federación Ancap se manifestó en las afueras del Palacio Legislativo.

En cuanto a los trabajadores, Ancap afirmó que “contemplará la situación de todas las personas involucradas” —unas 500— a través de un plan que ofrecerá “incentivos diversos”.

En el caso de los funcionarios, podrán resolver trabajar en la nueva empresa, permanecer en el Estado, renunciar, jubilarse o reservar su puesto en Ancap.

En tanto, los trabajadores de empresas contratistas que no sean contratados por la nueva empresa podrán elegir entre incorporarse a convenios laborales con otros organismos del Estado o una indemnización que puede llegar a ser de 30 sueldos.

Asimismo, también se ofrecerá una indemnización de 30 sueldos a los funcionarios más jóvenes que acepten ir trabajar en la nueva empresa.

Ancap también alertó que “la productividad de la mano de obra de Ancap es considerablemente más baja en relación con la competencia”. “Se necesitan más de 4 veces la cantidad de horas-hombre para producir una tonelada de cemento que la que usa la competencia, debido a que ANCAP cuenta con tres unidades productivas (Minas, Paysandú y Manga) de muy baja capacidad y bajo nivel de utilización”, añadió.

Ancap también detalló que “la oferta económica será el valor que el socio asigne al negocio”. Además, en caso de incumplimiento grave, el socio puede enfrentar una multa de US$ 15 millones más el valor de sus acciones, que vuelven a manos del ente.